La Junta de Andalucía no ha reconocido la labor de los trabajadores/as sanitarios y sociosanitarios de los servicios esenciales durante la pandemia.
Según José Juan Fernández Martínez responsable de Salud de la FeSP-UGT Córdoba, ni la Consejería de Salud y Familias ni el resto de administraciones de la Junta de Andalucía han estado a la altura en esta pandemia, dejando a los trabajadores esenciales desprotegidos ante las consecuencias del COVID-19.
¿Cuáles son esas consecuencias para los profesionales de la salud, y del sector sociosanitario?
La principal, es la falta de medidas preventivas reales de los trabajadores de la sanidad pública y privada, así como de los centros residenciales, de los Servicios de Ayuda a Domicilio, el transporte sanitario, y clínicas privadas. Lo que está provocando un elevado riesgo potencial para la salud de estos profesionales. Estamos inmersos en la tercera ola, y a día de doy se les sigue negando por la administración sanitaria la utilización generalizada y obligatoria de las mascarillas FFP2, a pesar de su demostrada eficacia de protección. Tenemos un elevado número de profesionales contagiados en Córdoba, en esta última semana han aumentado los casos de profesionales contagiados en el SAS por el COVID-19 un 14.3 %, y un 11.22 % los trabajadores/as en aislamiento, que pueden dar positivo a lo largo de estos días. Las cifras acumuladas de contagios es de cerca de 2500 profesionales, es decir que cerca del 23 % del total de trabajadores/as públicos se han contagiado, lo que significa un fracaso en las políticas de prevención, protección y de gestión de recursos humanos.
¿Dispone UGT de datos de número de contagios en trabajadores de la sanidad privada, o de residencias y Ayuda a Domicilio?
No, no tenemos datos contrastados y reales publicados por la Consejería de Salud y Familias. En este sentido debemos denunciar la falta de control y la nefasta gestión de esta pandemia por parte de la Consejería; y esta situación es más que preocupante para UGT. Hay un abandono total de estos trabajadores/as, que están en primera línea y están realizando un servicio público en estos momentos. Se siguen dando situaciones de falta de los EPIs adecuados y en número suficiente, como las mascarillas FFP2 y quirúrgicas, etc. Tenemos que denunciar la inexistente conexión entre administraciones de la Junta de Andalucía en materia de coordinación en la protección de los trabajadores/as y usuarios. Y ponemos un ejemplo claro, muchas Auxiliares de Ayuda a Domicilio acuden a los domicilios de los usuarios que atienden sin utilizar los EPIs adecuados, por no saber que el usuario está en aislamiento preventivo, o es un caso positivo de COVID.
En el transporte sanitario, se permite el traslado de hasta 4 pacientes, más sus acompañantes en una ambulancia, que junto con el Técnico de Emergencias Sanitarias hacen 9 personas de hasta 5 núcleos de convivencia distintos, en trayectos que duran hasta 2 horas. Desde UGT, hemos puesto en conocimiento de esta barbaridad a la Consejería, sin ninguna respuesta que solucione este fallo en la seguridad de los pacientes y trabajadores.
¿Cómo están los trabajadores del sistema sanitario público?
Cansados, saturados, y decepcionados con la clase política por “no sentirse escuchados”. Su opinión no ha valido para nada en las decisiones a tomar para la gestión de esta pandemia. Solo se les ha exigido que cumplan con sus funciones como trabajadores públicos, que arriesguen sus vidas por los demás ciudadanos, y “a callar y a seguir trabajando”. Ese es el sentir que nos llega de los trabajadores/as. En el SAS todavía les deben parte de los salarios del 2019, como es el Complemento al Rendimiento Profesional (CRP). Se les ha impedido a los candidatos del concurso de traslados y oposiciones del SAS a tomar posesión de su plaza ya publicada en el BOJA, con tibias argumentaciones como excusas, cuando en plenas navidades todos los andaluces se podían desplazar libremente por Andalucía, pero no era posible que estos trabajadores lo hicieran para coger su plaza. Existe una discriminación en el trato de la administración entre el personal sanitario y no sanitario, y para UGT ambas son un todo necesario e inseparable para que funcione adecuadamente el sistema sanitario andaluz, de ahí que no entandamos este clasismo de la Consejería de Salud. Los hospitales y centros de salud de la provincia están saturados y al límite de sus fuerzas, y los refuerzos necesarios en personal no llegan del todo.
Y los trabajadores del sector de la sanidad privada y del sociosanitario, ¿Cómo lo están viviendo?
Pues se sienten “los últimos en todo, los grandes olvidados”. A pesar de ser servicios públicos esenciales en esta pandemia, han sido los últimos en regular sus condiciones en materia seguridad y salud, aporte de EPIs, precarizando más aún su situación, a pesar de estar en primera línea de actuación. Sirva de ejemplo de la precariedad de este sector, que los Servicios de Ayuda a Domicilio, y del Transporte Sanitario, siguen sin reconocerles la consideración de enfermedad profesional por COVID-19. Que el Convenio Colectivo de Clínicas privadas caducó en el 2010, y a pesar de estar denunciado, la parte empresarial se niega a negociar su actualización.
Algunos centros residenciales, y clínicas privadas siguen haciendo cálculos erróneos de la jornada laboral anual, haciéndoles descansar menos días de lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores, con contratos en precario y reducciones de jornadas abusivas y ficticias, pues en muchos casos se les obliga a trabajar el 100 %.
José Juan Fernández Martínez, responsable de sanidad FeSP-UGT Córdoba