Estamos contra los contratos basura de los monitores

¿Qué funciones tiene este colectivo y donde las desarrollan?

Las funciones que tienen las Monitoras/es Escolares son, entre otros, la gestión de correo electrónico, tratamiento de datos de usuarios de comedor, aula matinal, etc., elaboración de circulares y comunicaciones a padres/madres, actualizar datos personales del alumnado, apoyo a la gestión económica, proceso de escolarización y proceso de matriculación.

El trabajo lo están desarrollando en un Centro Educativo en el mejor de los casos, cuando su contrato es de 35 horas semanales, pero hay casos en los que llegan a trabajar en tres centros diferentes en una misma semana y en dos centros diferentes el mismo día con contratos de hasta 8 horas semanales.

¿Cuál es el perfil de las personas que componen este colectivo?

El colectivo de Monitoras/es Escolares está formado en una inmensa mayoría por mujeres. El hecho de que haya tantos contratos basura provoca que la carrera profesional y personal de esta mujeres se vea truncado al sufrir este agravio y haciendo que sean el eslabón más perjudicado de esta sociedad.

 ¿Se están intentando hacer mejoras para este colectivo?

El pasado 14 de enero de 2021 se firmó un acuerdo, el cual UGT no ratificó, en el que se agrupan a este colectivo en dos horarios principales: uno hasta las 20 horas semanales y otro hasta las 35 horas semanales. Estos horarios no mejoran las condiciones de trabajo de este personal, ya que tienen que seguir prestando servicios en varios centros y dejando, por tanto, de atender todas las necesidades que surgen en los distintos colegios en donde están. Desde UGT nos preguntamos si esta es la calidad de la que se vanagloria la Junta de Andalucía en la Educación. Cómo puede una persona, que trabaja solo 3 horas diarias y tiene que compaginar varios centros diferentes en una semana, desarrollar todas las funciones que tiene asignadas y quiénes harán todo este trabajo cuando no acudan a esos colegios.

¿Por qué no ha firmado UGT este acuerdo?

Desde FeSP-UGT nos hemos negado a firmar este acuerdo porque consideramos que un servicio de calidad solo se puede prestar cuando el personal tiene la dedicación completa a su trabajo y, más si cabe, cuando el servicio que desempeña es tan fundamental como la gestión administrativa y el contacto directo con el alumnado, por lo tanto, UGT no está de acuerdo con los contratos inferiores a 35 horas de este personal.

El acuerdo que se ha firmado ha nacido sin recorrido ya que la misma Dirección General de Función Pública, en cuanto tuvo conocimiento del mismo, ha detenido su trámite. Como en otros anuncios del Consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, todo se queda en buenas intenciones y promesas al aire. Este Consejero no tiene credibilidad para negociar acuerdos.

¿Qué soluciones propone UGT para mejorar las condiciones de este colectivo?

Desde FeSP-UGT exigimos que la totalidad del colectivo de Monitoras/es Escolares tengan un contrato de 35 horas semanales y de esta forma, la actualización de conocimientos como son las Instrucciones, Decretos y otras normativas, se podrán realizar en el puesto de trabajo, ya que si solo están 3 horas en un Centro Educativo, esta actualización la tienen que realizar en su casa, en su tiempo libre. Así también, la forma de trabajar sería homogénea durante toda la jornada, ya que en cada Centro Educativo se trabaja de una forma según las directrices del equipo directivo, además de utilizar diferentes programas informáticos. Esto supone una carga de estrés muy importante.

El Monitor/a Escolar podría formar parte de un equipo de trabajo al desarrollar su jornada en el mismo centro, no teniendo que desplazarse y tener ese sentimiento de “temporalidad”. Está comprobado que esto mejora considerablemente la efectividad laboral al sentirse valorados en su puesto de trabajo.

Desde FeSP-UGT queremos manifestar nuestro apoyo al colectivo de Monitoras/es Escolares y la defensa del empleo digno y la vigilancia por unas condiciones de trabajo estables y de calidad.

Sección Sindical Educación

La Junta no reconoce la labor de los sanitarios en el Covid-19

La Junta de Andalucía no ha reconocido la labor de los trabajadores/as sanitarios y sociosanitarios de los servicios esenciales durante la pandemia.                          

Según José Juan Fernández Martínez responsable de Salud de la FeSP-UGT Córdoba, ni la Consejería de Salud y Familias ni el resto de administraciones de la Junta de Andalucía han estado a la altura en esta pandemia, dejando a los trabajadores esenciales desprotegidos ante las consecuencias del COVID-19.

¿Cuáles son esas consecuencias para los profesionales de la salud, y del sector sociosanitario?

La principal, es la falta de medidas preventivas reales de los trabajadores de la sanidad pública y privada, así como de los centros residenciales, de los Servicios de Ayuda a Domicilio, el transporte sanitario, y clínicas privadas. Lo que está provocando un elevado riesgo potencial para la salud de estos profesionales. Estamos inmersos en la tercera ola, y a día de doy se les sigue negando  por la administración sanitaria la utilización generalizada y obligatoria de las mascarillas FFP2, a pesar de su demostrada eficacia de protección. Tenemos un elevado número de profesionales contagiados en Córdoba, en esta última semana han aumentado los casos de profesionales contagiados en el SAS por el COVID-19 un 14.3 %, y un 11.22 % los trabajadores/as en aislamiento, que pueden dar positivo a lo largo de estos días. Las cifras acumuladas de contagios es de cerca de 2500 profesionales, es decir que cerca del 23 % del total de trabajadores/as públicos se han contagiado, lo que significa un fracaso en las políticas de prevención, protección y de gestión de recursos humanos.

¿Dispone UGT de datos de número de contagios en trabajadores de la sanidad privada, o de residencias y Ayuda a Domicilio?

No, no tenemos datos contrastados y reales  publicados por la Consejería de Salud y Familias. En este sentido debemos denunciar la falta de control y  la nefasta gestión de esta pandemia por parte de la Consejería; y esta situación es más que preocupante para UGT. Hay un abandono total de estos trabajadores/as, que están en primera línea y están realizando un servicio público en estos momentos. Se siguen dando situaciones de falta de los EPIs adecuados y en número suficiente, como las mascarillas FFP2 y quirúrgicas, etc. Tenemos que denunciar la inexistente conexión entre administraciones  de la Junta de Andalucía en materia de coordinación en la protección de los trabajadores/as y usuarios. Y ponemos un ejemplo claro, muchas Auxiliares de Ayuda a Domicilio acuden a los domicilios de los usuarios que atienden sin utilizar los EPIs adecuados, por no saber que el usuario está en aislamiento preventivo, o es un caso  positivo de COVID.

En el transporte sanitario, se permite el traslado de hasta 4 pacientes, más sus acompañantes en una ambulancia, que junto con el Técnico de Emergencias Sanitarias hacen 9 personas de hasta 5 núcleos de convivencia distintos, en trayectos que duran hasta 2 horas. Desde UGT, hemos puesto en conocimiento de esta barbaridad a la Consejería, sin ninguna respuesta que solucione este fallo en la seguridad de los pacientes y trabajadores.

¿Cómo están los trabajadores del sistema sanitario público?

Cansados, saturados, y decepcionados con la clase política por “no sentirse escuchados”. Su opinión no ha valido para nada en las decisiones  a tomar para la gestión de esta pandemia. Solo se les ha exigido que cumplan con sus funciones como trabajadores públicos, que arriesguen sus vidas por los demás ciudadanos, y “a callar y a seguir trabajando”. Ese es el sentir que nos llega de los trabajadores/as. En el SAS todavía les deben parte de los salarios del 2019, como es el Complemento al Rendimiento Profesional (CRP). Se les ha impedido a los candidatos del concurso de traslados y oposiciones del SAS a tomar posesión de su plaza ya publicada en el BOJA, con tibias argumentaciones como excusas, cuando en plenas navidades todos los andaluces se podían desplazar libremente por Andalucía, pero no era posible que estos trabajadores lo hicieran para coger su plaza. Existe una discriminación en el trato de la administración entre el personal sanitario y no sanitario, y para UGT ambas son un todo necesario e inseparable para que funcione adecuadamente el sistema sanitario andaluz, de ahí que no entandamos este clasismo de la Consejería de Salud. Los hospitales y centros de salud de la provincia están saturados y al límite de sus fuerzas, y los refuerzos necesarios en personal no llegan del todo.

Y los trabajadores del sector de la sanidad privada y del sociosanitario, ¿Cómo lo están viviendo?

Pues se sienten “los últimos en todo, los grandes olvidados”. A pesar de ser servicios públicos esenciales en esta pandemia, han sido los últimos en regular sus condiciones en materia seguridad y salud, aporte de EPIs, precarizando más aún su situación, a pesar de estar en primera línea de actuación. Sirva de ejemplo de la precariedad de este sector, que los Servicios de Ayuda a Domicilio, y del Transporte Sanitario, siguen sin reconocerles la consideración de enfermedad profesional por COVID-19. Que el Convenio Colectivo de Clínicas privadas caducó en el 2010, y a pesar de estar denunciado, la parte empresarial se niega a negociar su actualización.

Algunos centros residenciales, y clínicas privadas siguen haciendo cálculos erróneos de la jornada laboral anual, haciéndoles descansar menos días de lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores, con contratos en precario y reducciones de jornadas abusivas y ficticias, pues en muchos casos se les obliga a trabajar el 100 %.

José Juan Fernández Martínez, responsable de sanidad FeSP-UGT Córdoba

Por un modelo postal de futuro

Hoy entrevistamos a Federico Bernabé Cerqueira, Secretario del Sector Postal de U.G.T. en Córdoba. Señor Bernabé, UGT lleva años denunciando en distintos foros el desmantelamiento del modelo postal público, y en este periodo de tiempo no son pocas las acciones legales y movilizaciones que han llevado a cabo, muchas de ellas con un notable éxito. Es en los últimos tiempos que esta situación ha evolucionado a un nivel que ustedes califican de insostenible ¿podría explicarlo a nuestros lectores?

R.: Me voy a referir a los acontecimientos más recientes ya que son lo suficientemente clarificadores.

El pasado 21 de la empresa convocó a todas las Organizaciones Sindicales con representación en Correos, a la Mesa Sectorial para abordar, según el escrito remitido -idéntico al que se nos presentó en diciembre de 2019-, la discusión sobre el Plan Estratégico.

Como tantas otras reuniones anteriores, fue una reunión vacía de documentación rigurosa y con documentos aportados hace un año y medio. Más que buscar una negociación real sobre las líneas estratégicas de la empresa a desarrollar en los próximos años, fue una maniobra de distracción con intereses ocultos.

¿Qué intereses ocultos? ¿Y por qué una empresa como Correos necesita argucias de ese tipo en una reunión con sus interlocutores sociales?

Pues así están las cosas. A través de esta escenificación de reunión se buscaba la venta de imagen de normalización de una situación que ya es insostenible con respecto al diálogo social en Correos, el presidente pretendía un consenso para la creación de unos Grupos de Trabajo “trampa” que mediante la participación de los sindicatos en los mismos -fuera de los marcos legales de negociación-, diesen aval y beneplácito para vestir como negociación un trasfondo de recortes, reestructuraciones, cierre de centros y recortes de plantilla que Correos quiere implantar en los próximos meses. Un intento de travestir como negociación un trasfondo de desguace para Correos, cuyo único fin era recabar el aval de la parte social para refrendar con su marca el desmantelamiento del Servicio Postal Público. Todo orquestado y muñido –como tanto de lo que viene haciendo esta presidencia hasta la fecha- para la venta de una normalización y complicidad con los sindicatos de cara a la galería, con el objetivo de tapar su nefasta gestión y la creciente sensación de fracaso que, tanto dentro como fuera de la empresa, parece ir in crescendo.

Y con este escenario ¿cuál es el planteamiento de UGT?

UGT exige una negociación seria, que hable de un modelo postal de futuro, como un servicio público y sostenible, reforzado con la financiación pública suficiente para prestar un servicio de calidad y que posicione a Correos como una empresa competitiva, con empleo de calidad, cohesionadora y vertebradora de este país, pero de verdad, no desde el autobombo de un presidente que ha demostrado incompetencia y falta de liderazgo.

Esas afirmaciones son muy serias ¿En qué se basa para ello?

Es una situación generada por él mismo, ya que ha demostrado su total incapacidad en la gestión de la mayor empresa pública del país. Ha tirado por la borda la mitad de la legislatura y, con ello, todas las oportunidades que Correos tenía de cara al futuro. Este, pasará a la historia negra postal por ser el responsable de cargarse del logo de la matriz la palabra Correos -tras más de 300 años con él-, traspasándolo a su filial Correos Express; por haber abanderado el discurso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), de reducir la financiación del Servicio Postal Universal (SPU), de ajustar a la baja la plantilla y cerrar oficinas; por llevarse por delante a decenas de buenos profesionales del Grupo Correos sustituyéndolos por directivos de la filial Correos Express en pos de lo que se intuye como un pelotazo logístico; por regalar y malvender una buena parte del patrimonio inmobiliario de la empresa por oscuros intereses espurios; por un Plan de Prestación con unos ridículos 128 millones de euros de financiación, casi 500 millones de déficit, con proyectos vacíos (más ruido que nueces) y ocurrencias en diversificación y en internacionalización que han fracasado y no han reportado más que números negativos a la cuenta de resultados de Correos.

Pasará también a la historia negra postal porque, en plena pandemia y estado de alarma, mandó a los trabajadores/as a sus centros sin equipos de protección (EPI), haciéndose valedor de un título que todavía hoy conserva, el de subcampeón de la COVID, colocando a Correos como el segundo colectivo en contagios. También por dejar el SPU fuera de los servicios esenciales de R.D. de Alarma de marzo del año pasado, a partir de un enloquecido criterio personal de que para no abandonar el negocio había que abandonar a su suerte a los carteros/as en la calle sin EPIs, además de justificarse con un certificado “comprado”, su buena gestión durante la pandemia. Además de por haber provocado la mayor quiebra del diálogo social y la negociación, con una ruptura de la democracia laboral sin precedentes en la historia de esta compañía pública.

No hay duda de que son argumentos de peso. Como colofón a esta entrevista ¿Qué mensaje remite usted a la dirección de Correos?

R.: Desde UGT, advertimos de que el prestigio, la ética o la capacidad de un presidente ni se compra ni se hereda, se gana por autoridad moral y con hechos que la otorgan.

Para nosotros, ni se ha abierto la negociación del Plan Estratégico, ni se va a abrir en tanto no se defina el modelo postal y de Servicio Público de nuestro país, su financiación pública, un modelo de empresa moderna y competitiva (con la participación de Correos en los fondos estructurales para la reconstrucción, transformación y resiliencia), se hable de los trabajadores/as y su Convenio, y se dote de una gobernanza razonable para el desarrollo del proyecto.

UGT siempre ha defendido, y luchado, por un servicio postal público, a lo largo de la historia reciente hay múltiples pruebas de ello. UGT no entiende Correos si no es como elemento clave de vertebración del país, un actor principal en las comunicaciones entre los distintos territorios y necesario para evitar el avance de la España vaciada, de la que tanto se habla últimamente. Pero siempre como entidad pública fuerte y sólida. Sin esas condiciones, UGT no procederá a participar de ningún proyecto que busque el desmantelamiento de la mayor empresa pública del país, no participaremos en mesas de negociación abiertas fuera del marco legal como cortina de humo para tapar el desguace de Correos.

Federico Bernabé Cerqueira