9 de octubre, Día Mundial del Correo

En 2016 se cumplieron 300 años desde que el servicio de Correos se convirtiera en responsabilidad del Estado, tres siglos que han sido testigos de la transformación progresiva de la organización postal en España.

La prestación del servicio postal, tradicionalmente llevada a cabo por el Estado, no ha permanecido ajena a la dinámica económica imperante, bautizada como “neoliberalismo”, de liberalización y privatización de los servicios públicos. A principios de los años 90, las decisiones europeas obligan a abrir su prestación a empresas privadas y a liberalizar el mercado postal a nivel comunitario, yCorreos pasa a su actual forma jurídica, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, una sociedad anónima de capital cien por cien público.

Correos ha superado en los últimos años retos como la transformación digital creando infraestructuras y sistemas para las cuatro filiales del grupo (Correos, Nexea, Correos Express y Correos Telecom), los cerca de 2.400 puntos de acceso urbanos y más de 6.300 puntos de servicio rurales, y sus más de 51.000 empleados. Los procesos internos se han optimizado y son más eficientes, a la vez que el usuario y cliente puede ser atendido en cualquier momento y lugar a través de cualquiera de los canales que hay a su disposición.

Pero, para UGT,el reto de la modernización no lo es tanto comparado con el de la supervivencia.Correos obtiene sus ingresos de la explotación y venta de los distintos productos y servicios que oferta y, aunque es la principal fuente de ingresos de Correos, el servicio postal tradicional ha sufrido un declive del 6,5% en los últimos años frente a un imparable crecimiento del 18% de la paquetería.Esta tendencia es general en un sector en el que Correos ha pasado de operar el 19% de los envíos de paquetería en 2013 al 24% en 2016, siempreen detrimento del resto de operadores. La potencia y capilaridad de la red de Correos permite llegar prácticamente a cualquier punto del territorio nacional, y esto es visto con temor por las distribuidoras privadas. En UGT detectamos que hay cierta presión de lobbies de paquetería a la Administración para que Correos no tenga los recursos suficientes en materia de paquetería, prueba de ello son las continuas denuncias interpuestas por las asociaciones de empresas de reparto y la patronal de paquetería en cuanto a financiación, recursos recibidos y supuestos privilegios de Correos.

Es aquí donde UGT tiene que recordar que Correos es el prestador del Servicio Postal Universal, SPU, el conjunto de servicios postales, considerados como de interés general, cuya prestación garantiza el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios, cualquiera que sea su lugar de residencia, un principio básico y fundamental recogido por la Constitución.Unos servicios que son claramente deficitarios y nada atractivos para la iniciativa privada, ya que los 55 céntimos que abona un ciudadano por enviar una carta a cualquier rincón de España, por remoto e inaccesible que sea, son insuficientes para cubrir el coste.El cumplimiento de estas obligaciones no debería poner en riesgo la viabilidad económica de Correos como empresa, por ello, para garantizar la prestación delservicio sin perjuicio económico para Correos, la ley establecela financiación por parte del Estado de la diferencia con el coste real. Pero, a día de hoy,Correos está en números rojos por el brutal recorte a esa financiación de 180 millones de euros en los dos últimos años, y acumula un déficit de 230 millones de euros en los últimos tres años.

UGT ha denunciado reiteradamente que la situación de la empresa postal pública es en este momento insostenible, pero hemos chocado con la falta de diálogo por parte de los anteriores gobiernos y de Correos.Todo ello con una severa reducción de 15.000 trabajadores y trabajadoras en los últimos ocho años, en el marco de un Convenio Colectivo y un Acuerdo Funcionarial bloqueados desde hace cinco años, donde la plantilla ha sufrido recortes de salario, desregulación de las condiciones laborales y un inaceptable aumento de la precarización que alcanza el 35% de eventualidad y el 22% de contratación a tiempo parcial, con situaciones como la de empleados con contrataciones a los que se daba de baja los fines de semana o los días festivos, y se volvían a contratar después.

Desde UGT esperamos del nuevo gobierno queincorpore a Correos a su agenda de prioridades y dejemos de ser invisibles, pese a ser la mayor empresa del sector público, y revierta la inacción de la anterior legislatura, dedicada a desmantelar Correos con recortes presupuestarios, de personal y de infraestructuras. Que después de siete años de aplicación de la Ley de Correos que obliga a la ejecución de un Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, éste se haga efectivo para asegurar la extensión y la financiación del SPU (que los sindicatos ciframos en 230 millones anuales), y así mantener la viabilidad de la empresa postal pública y mantener a los más de 50.000 trabajadores.

Para UGT es necesario aprobar un nuevo Plan Estratégico, que sitúe a Correos entre los operadores postales europeos que lideran el cambio de modelo postal hacia una integración de servicios postales, logísticos, financieros y tecnológicos. Se debe apostar por la diversificación,la creación de un Banco Postaly la innovación para afrontar los cambios, y convertir Correos en un referente en nuestro país y también en el ámbito internacional. Y sobre todo es necesario que el Gobierno siga la estela de otros gobiernos europeos que apoyan a sus Correos como proyecto de país.

Federico Bernabé Cerqueira
Secretario de AGE y Postal

“LOS DOCENTES FORMADOS Y CUALIFICADOS SON ESENCIALES PARA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN”

Como todos los años desde 1994, los docentes tenemos un día especial marcado en nuestro calendario: el Día Mundial de los Docentes. Este año se cumplirá el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en la que se reconoce que la educación es un derecho fundamental clave y se consagra el derecho a la educación gratuita y obligatoria, mediante un acceso inclusivo y equitativo para todos los niños.

El lema de este año, “El derecho a la educación implica el derecho a docentes cualificados”, se eligió para recordar a la comunidad mundial que el derecho a docentes preparados y cualificados es una condición indispensable para realizar el derecho a la educación. En nuestros días la escasez de docentes sigue siendo un desafío a escala mundial. El número de niños y jóvenes sin escolarizar en el planeta se estima en 264 millones. Si se quieren alcanzar los objetivos de la Educación 2030 relativos a la educación primaria y secundaria universal, el mundo debe contratar a casi 69 millones de docentes nuevos. Ese “déficit de docentes” es más pronunciado entre las poblaciones vulnerables, como las niñas, los niños con discapacidad, los niños refugiados y migrantes o los niños necesitados que viven en zonas rurales o alejadas.

Por ello, desde UGT creemos necesario además de la creación de nuevos puestos de trabajo en la enseñanza, su estabilización. En este sentido, se han firmado dos Acuerdos estatales en los años 2017 y 2018 de gran importancia, con el objeto de dar cumplimiento a las instrucciones de la Directiva Europea, esto es, no rebasar el 8% de personal interino. Estas ofertas de empleo conjugarán las extraordinarias de estabilización y las de tasa de reposición, suponiendo en Andalucía unas 12.603 plazas tan sólo de estabilización, lo que es un gran avance después de llegar a tasas de casi cerca de un 23% de interinidad en los años de crisis económica.

De esta manera, también es necesario -al hilo del lema de este año- más formación y una mejor cualificación. En muchísimas ocasiones, no encontramos la formación adecuada para afrontar los retos a los que debemos enfrentarnos en nuestro día a día, y nos reinventamos constantemente con nuestros propios recursos para poder dar respuestas al sistema educativo cambiante al que pertenecemos.

Desde UGT, siempre hemos abanderado la creación del Estatuto Docente, pero no a cualquier precio. Un Estatuto que sea capaz de motivar e ilusionar a los docentes, en el que se recojan medidas que dignifiquen la profesión y permitan una promoción profesional real.

Para nosotros, el Estatuto Docente, debe girar en torno a tres ideas fundamentales:

  1. Ingreso en la función pública, con una revisión de la formación inicial y continua y con una revalorización de los periodos dedicados a la práctica docente.
  2. Promoción profesional por dos tipos de vías. La promoción vertical basada en el concurso de méritos, permitiendo la movilidad entre los distintos cuerpos docentes, siempre que se posea los requisitos de titulación adecuada y la experiencia. La horizontal, organizada en tramos o grados. Esta promoción ha de reconocer, económica y profesionalmente, la labor docente, sin necesidad de cambiar de nivel educativo y ha de estar basada en la acreditación de trabajos relacionados con el proyecto educativo del centro. Esto daría la posibilidad de acortar el número de años necesarios para que los docentes pudieran culminar su promoción profesional.
  3. Jubilación anticipada voluntaria e indefinida, independiente del Régimen al que se pertenezca.Las especiales circunstancias de la labor docente, la formación continua, los constantes cambios y las nuevas exigencias que nos plantea el sistema y la sociedad, hacen imprescindible el acceso a una jubilación temprana para dejar paso al rejuvenecimiento de las plantillas y a la creación de empleo.

Llevamos más de 30 años reivindicando un Estatuto para la Función Pública Docente que ha ido quedando en el olvido, Gobierno tras Gobierno, de manera similar al Pacto Educativo. Nos sorprende como uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar es olvidado, año tras año, y como nosotros, docentes camaleónicos, debemos adaptarnos a cualquier medio sin los instrumentos ni los recursos necesarios. Desde UGT creemos firmemente necesaria una financiación suficiente y un reparto equitativo de los recursos, por ello exigimos que el 7% del PIB debe ir destinado a educación, sin una inversión real no podemos hablar de una educación de calidad.

Por otro lado, nos alarma ver como en estos últimos años se ha ido incrementando el alumnado con necesidades educativas especiales, y como no podemos dar una respuesta real a estas necesidades, ya que no disponemos de los recursos adecuados para atenderlos, por ello, desde UGT estamos exigiendo más profesionales para atender estas necesidades básicas y de primer orden, junto con más apoyos y refuerzos educativos.

Finalmente, desde UGT hemos visto como, ley tras ley educativa, la escuela ha ido volviéndose cada vez más burocrática; en consecuencia cada vez tenemos menos tiempo para la preparación de clases, para adaptar las programaciones didácticas al contexto, para la atención a la diversidad y al proceso de aprendizaje del alumnado para hacer una evaluación continua real, o para la creación y desarrollo de nuevos proyectos…cargas que no sabemos de forma clara y definida si en realidad tienen una utilidad que repercuta directamente en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Por ello, reclamamos más horas para la docencia y la investigación que son totalmente necesarias, así como una formación pedagógica y de calidad en horario lectivo, ya que “los docentes formados y cualificados son esenciales para el derecho a la educación”.

Aurora Ramírez Martínez Secretaria del Sector de Enseñanza FeSP-UGT Córdoba

 

FeSP-UGT. Día Internacional de la Enfermería

UGT defiende el papel clave de las/os enfermeras/os en nuestro sistema sanitario en el Día Internacional de la Enfermería que se celebra hoy sábado, 12 de mayo.

El Día Internacional de la Enfermería se celebra coincidiendo con el nacimiento de Florence Nightingale en Florencia, en el año 1820, considerada como el pilar de la Enfermería moderna. Este día de la enfermería es un día de reivindicación de la importancia de estos profesionales sanitarios para nuestro modelo sanitario.

“La salud es un derecho humano”, es el lema elegido por el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) con el que pretende concienciar acerca del acceso a la salud como un principio que, lamentablemente, no puede darse por sentado en todos los lugares del mundo.

En esta jornada UGT quiere poner de relieve el papel imprescindible de la Enfermería en nuestro sistema sanitario público. Las enfermeras y enfermeros siguen siendo el primer contacto que tiene el paciente con la sanidad pública, y sus cuidados son fundamentales en su proceso de recuperación de su salud.

La clave de la cobertura sanitaria universal es de carácter ético. ¿Queremos que nuestros conciudadanos mueran por el mero hecho de ser pobres?, ¿Queremos que haya millones de familias empobrecidas por tener que hacer frente a gastos sanitarios catastróficos por no haberse podido proteger ante este riesgo financiero? La cobertura sanitaria universal es un derecho humano y así lo consideramos desde UGT.

             El personal de enfermería ejerce un papel fundamental en la capacidad de involucrar a los consumidores, los pacientes y los familiares en el proceso de atención de salud, para ser más eficaces a la hora de eliminar las desigualdades y mejorar la salud para todos.

Desde UGT defendemos que el sistema sanitario debe incrementar los ratios de enfermera/paciente en nuestro país, en Andalucía y en Córdoba en concreto. La ratio media de los países vecinos es de 8 enfermeras por cada 100.000 habitantes, en cambio en España es de 5, y en Andalucía de 4.

Ante estas diferencias , instamos al SAS  y a la Junta de Andalucía para que ponga medidas para incrementar el número de enfermeras (DUEs) y demás personal de enfermería (Matronas, Auxiliares, Técnicos, Fisioterapeutas, Logopedas)  en Córdoba y en Andalucía.

 

José Juan Fernández Martínez

Secretario de Sanidad y Servicios Sociosanitarios

FeSP-UGT Córdoba

 

DISTRIBUCIÓN DE JORNADA COMPLEMENTARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA “¿GUARDIAS PARA TOD@S?”

Cuando UGT visitamos a los afilados en los Centros de Salud, se produce un intercambio de información valiosísima, entre el trabajador y el delegado sindical. Nosotros le contamos las novedades de Bolsa, OPE, informaciones que emanan de las negociaciones de la Mesa Sectorial, etc.

La visita a los trabajadores del equipo de Atención Primaria (EBAP) y los dispositivos de apoyo, así como los Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), es complicada en ocasiones, pues los profesionales tienen que sacar unos minutos en sus apretadas agendas diarias, para atendernos. Ellos/as nos exponen sus dudas, temores y quejas. Nos relatan situaciones que viven directa o indirectamente en su trabajo, situaciones laborales generalmente injustas consecuencia de los recortes presupuestarios y de plantilla profesional, así como los problemas propios de la organización asistencial.

La crisis que hemos vivido ha castigado a los trabajadores públicos con mermas de las retribuciones y derechos. Cosa que ha quemado mucho la paciencia y moral de los muchos trabajadores/as del equipo de EBAP, DCCU y Dispositivos de Apoyo. Pero a pesar de la paulatina recuperación de derechos, nos siguen llegando comentarios como:

  • “Estar de guardia es un lujo inaccesible para muchos y un derecho autoadquirido para unos pocos… ”
  • “Si no tienes padrino o amigos entre los que mandan, olvídate de hacer alguna guardia”
  • “Todos tenemos bocas que alimentar y gastos inevitables que afrontar para seguir adelante…”
  • “¿Qué hay que hacer para lograr aumentar el nivel adquisitivo si eres Médico de Familia o Enfermero de AP en el SAS?
  • “Yo no quiero comprarme un chalet… Yo necesito un poco de desahogo a fin de mes… Unos tanto y otros tan poco”.

   Es habitual en Atención Primaria (AP) hablar de guardias, pero realmente lo que significa estar de guardia es realizar la Jornada Complementaria, y esta es la atención asistencial ante las demandas sanitarias urgentes o emergentes por parte de un equipo profesional (Médico de Familia, Enfermero y Técnico en Emergencias Sanitarias, o celador conductor) en el lugar donde se producen (un domicilio, la vía pública o en el mismo Centro de Salud). Ante una urgencia o emergencia se activan en primer lugar los DCCU o los turnos del personal de EBAP que cubre las Unidades de Cuidados Críticos y Urgencias en los Centros de Salud (UCCU). Si estos recursos están ocupados en una asistencia y la urgencia surge fuera del Centro de Salud en horario de consultas, se activa para la asistencia a un equipo médico-enfermera del Centro de Salud interrumpiéndose las consultas programadas de ambos.

     ¿Cuántas horas trabaja un profesional que desarrolle su trabajo en un Centro de Salud provisto de punto de Atención Continuada o guardias? Lo máximo establecido por normativa es la JORNADA MÁXIMA SEMANAL: 48 horas totales, suma de Jornada Ordinaria y Jornada Complementaria (Jornada ordinaria es la desarrollada en las consultas programadas diariamente. La complementaria en estos profesionales son las guardias que realizan).

¿Puede un trabajador superar esta jornada máxima semanal? Si, con consentimiento informado del trabajador y siempre que existan razones organizativas o asistenciales, esto se denomina JORNADA ESPECIAL

Estas condiciones laborales y tipos de jornadas para trabajadores del SAS quedaron plasmadas en el ACUERDO DE MESA SECTORIAL 2007.

Las guardias o Jornada Complementaria en Atención Primaria es realizada de manera habitual por los Médicos y enfermeros que trabajan en centros donde existe puntos de Atención Continuada (24 horas al día los 365 días del año) de manera habitual.

A lo largo de la vida de los profesionales pueden darse circunstancias que le lleven a reducirse o eximirse de jornada complementaria. Esto viene recogido en el Manual de permisos y licencias del personal del SAS de la siguiente manera:

  • Reducción de jornada ordinaria y/o complementaria, optan a ella los siguientes supuestos: Por guarda legal, por interés personal, por enfermedad muy grave, para el cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave de menores o mayores que convivan con sus progenitores.
  • Exención de jornada complementaria; pueden optar los siguientes supuestos: Personal mayor de 55 años, mujeres en estado de gestación, personal con hijos menores de un año, personal que tenga hijos con minusvalías o discapacitados, personal que por razón de enfermedad sea contraproducente para su estado de salud realizar jornada complementaria.

Al igual que la población de nuestro país, las plantillas de profesionales de los centros sanitarios están envejeciendo. Hay Distritos Sanitarios donde la media de edad es cercana a los 60 años (por ejemplo el Distrito Sanitario Córdoba).

La tasa de reposición es el porcentaje de trabajadores que ingresan al sistema público en relación a aquellos que lo abandonan por jubilaciones, defunciones o excedencias. Entre el 2003 y 2008 la tasa estaba situada en el 100%, en el 2009 se redujo al 30% y entre el año 2010 y 2014 se quedó en el 10%, y en la actualidad vuelta al 100%. Esta tasa de reposición ha producido una disminución de los recursos humanos bastante significativa, en los trabajadores de la sanidad pública andaluza.

Por lo que es fácil entender con estos datos, que tenemos una plantilla sanitaria envejecida y con media de edad más cercanas a la jubilación. Los médicos y enfermeros pueden eximirse de realizar jornada complementaria a partir de los 55 y la contratación de personal nuevo tocó fondo en el 2012, con un ligero aumento hasta el día de hoy.

Estos dos hechos anteriores justifican un  aumento del reparto de la Jornada Complementaria entre un número menor de profesionales sanitarios de una Zona Básica de Salud, generando en algunos casos puntuales un exceso de horas realizadas al mes en guardias.

¿Cómo se reparte este exceso de Jornada complementaria? No existe normativa alguna al respecto que la regule para todo el SAS. El reparto de esta es competencia de aquellos que organizan los cuadrantes de guardias (los directores, coordinadores, adjuntos de enfermería) y depende de ellos que se haga de forma justa, objetiva y equitativa.

Son muchísimos los problemas y quejas detectadas por UGT de la manera irregular y poco equitativa en el reparto de la Jornada Complementaria en las Unidades de Gestión Clínica (UGC) de AP, profesionales que llegan a realizar hasta 7-9 guardias al mes y otros profesionales que no se le asignan casi ninguna. Estas desigualdades acarrean diferencias retributivas importantes entre compañeros de una misma unidad, a lo que UGT no estamos dispuestos a permitir. Sobre todo por que quienes abusan de la realización de la jornada complementaria, perjudican negativamente al resto de compañeros, dado que además tienen que asumir las consultas del descanso saliente del día después de la guardia.

El sistema se ha pervertido en muchos centros, y la asignación del número de guardias a realizar al mes, se realiza como premio o castigo al trabajador por parte del gestor. Son los cargos intermedios y directivos quienes son los responsables en este reparto, y dejan mucho que desear la equidad en el trato a los profesionales por su parte. Algo que a nuestro parecer es muy grave, dado que incumplen con sus obligaciones de buen gestor público, llegando casi a la prevaricación en muchos casos.

Para la FeSP de UGT el reto sindical que nos plantea esta circunstancia es la necesidad de una regulación regional de cómo organizar los servicios de urgencias de Atención Primaria, de manera que convivan los intereses de calidad de la asistencia sanitaria urgente, con los intereses de los trabajadores, en la que el reparto de guardias sea equitativo, y todos los profesionales aporten a las UGC de forma igualitaria, con cargas de trabajo similares.

 

Córdoba, 2 Febrero de 2.018.

 

 Fdo: Mariluz Mariscal Lliteras.

Delegada Sindical Atención Primaria.

Córdoba

9 de ocubre, Día Mundial del Correo. Un recorrido por este importante servicio

Los 300 años de la historia de Correos, son la mejor forma de explicar la evolución del Correo en el mundo que este año se conmemora y cuyos tres pilares como indica la UPU son “La innovación, la integración y la inclusión”.

Tras la llegada al trono, del primer Borbón, Felipe V. El 8 de julio de 1716 el servicio postal pasó de ser una concesión del monarca en manos privadas a una Renta Real bajo la responsabilidad y administración del Estado.

La enorme red viaria legada por el Imperio Romano a la Península Ibérica, las primeras estaciones postales y el primer servicio de postas público en España configuraron esos comienzos. En lo que queda de siglo se conformó el Cuerpo de Carteros Urbanos, con la creación del Sindicato de Correos que en el año 1982 se integra en la FSP de UGT, se logran importantes mejoras en las condiciones laborales y económicas de este y otros colectivos profesionales. Estos profesionales todavía hoy son quienes distribuyen los envíos; se implantaron los primeros buzones para que los ciudadanos depositaran sus envíos; se crearon los servicios de lista, apartados, impresos y periódicos; se determinaron unas tarifas racionales y España se puso en contacto con los territorios de ultramar por medio de los Correos Marítimos.

Desde la FESP de UGT, seguimos impulsando mejoras laborales para todo el personal de Correos, apostando por el mantenimiento de este Servicio Público como elemento indispensable en la vertebración de los Territorios, propiciando con ello la integración y la inclusión de todos ellos.

El llevar las cartas a diario a todos los pueblos del país se convertiría en máxima y razón de ser del servicio, apoyada en su propia flota de transporte por carretera,

Correos aprovechó los avances tecnológicos del siglo XIX. Conforme avanzaba la red ferroviaria fueron desapareciendo las diligencias. Para 1855 el código Morse cabalgaba sobre la red telegráfica de Correos facilitando la retransmisión de noticias en tiempo real a cualquier lugar y en 1884 Correos estableció el primer servicio telefónico público del país.

La efigie de Isabel II viajaba en los primeros sellos de correos en 1850. El ‘prepago’ de la cuantía de los envíos por el remitente permitía que los carteros llevasen sus cartas a sus destinos, las comunicaciones postales dejaron de ser un privilegio.

La vuelta del siglo XX trajo nuevos desafíos por parte de una sociedad cada vez más dinámica. En 1905 nace el correo urgente y en 1911, el giro postal. Se prestan los primeros servicios bancarios, llegan los envíos contra reembolso y los paquetes postales en 1916 y la creación del servicio aeropostal en España en 1919. En 1946 se creó el Servicio Filatélico, los coleccionistas abonados recibían así los productos de su interés. De 1962 data la instalación de los primeros buzones en los domicilios con los que se agiliza la distribución y aumenta la privacidad. Los años 80 ven nacer el Postal Exprés y el Paquete Azul. En 1981 los códigos postales aparecen en la tramitación de los envíos como respuesta al crecimiento urbano, con un cambio logístico y un giro hacia la automatización de la clasificación que aumenta la eficiencia de Correos.

Correos abandona el sistema de transporte ferroviario en 1993 y lo sustituye por un sistema por carreteras que supuso la mayor revolución organizativa de su logística en más de siglo y medio.

Pero es en el cambio del mundo analógico al mundo digital en donde Correos ha sabido superarse, múltiples acreditaciones y reconocimientos internacionales así lo avalan.

En 1990, la red de oficinas postales se sumergió en la informatización total y 1998 vio la primera página web de Correos.

Los cambios de la sociedad del siglo XXI imponen la innovación. La Sociedad Anónima Estatal automatiza 17 centros logísticos en toda España con máquinas que clasifican 40.000 cartas por hora. En 2003 se abre la oficina virtual en su página web, y las PDA se abren paso entre los carteros urbanos y rurales para registrar la entrega de envíos. En 2006 Correos introduce el pionero control de calidad por radiofrecuencia. Un nuevo centro de proceso de datos de Correos se abre en 2009, multiplicando la capacidad de proceso, almacenamiento y gestión.

En 2011 nace el Grupo Correos como operador global de soluciones de comunicación, mediante el proceso de integración tecnológica pone a disposición del ciudadano la oferta más completa de servicios de comunicaciones físicas, digitales y de paquetería del mercado español que, además de cartas, ofrece oficina postal virtual, e-commerce, logística inversa, pick and packing, notificaciones electrónicas seguras, e-administración, smart cities, y e-card, convirtiendo las 2.400 oficinas postales en una puerta de entrada a la administración electrónica.

Correos es hoy una empresa de capital 100% público, propiedad del Estado español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la que se integró en 2012. La cifra actual de negocio de Correos alcanza los 1.605,1 millones de euros, da empleo a más de 53.000 personas, 14.000 vehículos llegan diariamente a 28 millones de hogares, empresas e instituciones, y se gestionan unos 3.600 millones de envíos cada año. La transformación del Correo Público pasa por diversificar la actividad e ingresos de Correos, superando la dependencia del negocio postal tradicional, mientras que la eficacia comercial, la optimización operativa basada en la capilaridad de su red de oficinas y de distribución, y el desarrollo del modelo organizativo interno de Correos favorecen la agilidad.

La apuesta por la paquetería asociada al comercio online  ha llevado a Correos a convertirse en el proveedor logístico oficial en España de los gigantes del comercio digital Amazon y la china Alibabá. El servicio de correo digital eCorreos, todavía en una fase piloto, es una expectativa real mientras se trabaja para crear un sistema de almacenamiento donde se pueda guardar toda la correspondencia oficial. Correos se posiciona en toda la cadena de valor del comercio electrónico, con la creación de una tienda online las pequeñas y medianas empresas exponen y venden sus productos a través de Internet, convirtiéndose en uno de los principales proveedores logísticos para el reparto de paquetes pequeños a particulares y empresas.

El enfoque se dirige también al desarrollo de los servicios digitales nativos, a ser el proveedor de confianza de las comunicaciones digitales. Las comunicaciones físicas ya gozan de ese status, ya que, como fedatario público, Correos acredita el que una persona haya recibido la comunicación correctamente.

Su transformación continua, llevo al Servicio Postal Publico a encontrar nuevos caminos para satisfacer las necesidades de comunicación de los ciudadanos Españoles, desde el Sector Postal de U.G.T. en Córdoba, le pedimos haga los mismos esfuerzos para el mantenimiento de un empleo estable y de calidad asegurando que en ambos esfuerzos siempre nos encontraremos.

 

Federico Bernabe Cerqueira.

Secretario Provincial de U.G.T. para el Sector Postal (Correos)

y Administración General del Estado (A.G.E.)

5 de Octubre, Día Mundial del Docente

 “ENSEÑAR EN LIBERTAD, EMPODERAR A LOS DOCENTES”

Desde 1994, los docentes venimos celebrando cada 5 de octubre nuestra efeméride, marcada en el calendario por la UNESCO: el Día Mundial de los Docentes.

En 2017, el Día Mundial de los Docentes tendrá como lema “Enseñar en libertad, empoderar a los docentes”, haciéndose así eco del tema de la edición de 2015, la cual había quedado definida con motivo de la aprobación en septiembre de 2015 de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que se reafirmó que el empoderamiento de los docentes constituye una verdadera prioridad entre todas las estrategias de desarrollo educativo.

Estamos aún lejos de alcanzar un auténtico empoderamiento. Similarmente, tampoco parece que estemos cerca de conseguir un sistema educativo estable, igualitario, inclusivo y de calidad, así como la mejora de nuestras condiciones sociolaborales. Pese a haber avanzado en este camino, desde que empezó la crisis hemos sido testigos de cómo nuestros avances y logros volvían a ser de nuevo asuntos pendientes para la dignificación de nuestra labor.

En cuanto al gasto público en educación de nuestro país, un 4’3%, continúa siendo inferior a la media de nuestros países vecinos. Esto se traduce en aumento de ratios de alumnado por aula, reducción de plantillas, desaparición de planes y programas, incremento de carga lectiva, recortes salariales y, en definitiva, un deterioro de la calidad educativa y de nuestras condiciones sociolaborales como docentes.

Si nuestro Gobierno no prioriza el gasto público en educación, una de las herramientas de progreso social más importantes de las que disponemos, no será posible hablar de empoderamiento docente.

Reconocemos el hecho de que en Andalucía contamos con 2.676 nuevos docentes en el presente curso escolar (de éstos, la cifra concreta para Córdoba es de 268 docentes); a ello se añade una reducción del alumnado de 4.285 escolares menos. El tomar en consideración estas cifras nos lleva a pensar que si, debido principalmente al descenso demográfico, se da una disminución del total de alumnado, consecuentemente las ratios también habrán disminuido; sin embargo, no es el caso. Las ratios siguen siendo las mismas y los problemas de fondo siguen estando presentes. Nos preguntamos qué va a pasar a corto y medio plazo con la natalidad y cuál es el problema de fondo. Necesitamos analizar verazmente las posibles causas, efectos y soluciones de esta problemática.

En Educación, pues, encontramos problemas sin resolver enquistados durante años. Y, si a la problemática mencionada se añade la serie de recortes que hemos sufrido en los últimos años, el conjunto presenta un panorama equidistante de una calidad educativa y de un empoderamiento del profesorado.

Carecemos todavía de un Pacto Educativo por motivos políticos, ya que a unos y a otros no les interesa alcanzar un acuerdo. De esta manera, los docentes debemos enfrentarnos todos los cursos escolares a la incertidumbre sobre el futuro, a nuevas obligaciones sin definir claramente y novedades que no terminan de concretarse.

Las ratios de aula no se reducen, los refuerzos y apoyos son insuficientes y las bajas no se cubren desde el primer día –esto último es fundamental, ya no sólo para la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino porque nuestro alumnado tiene derecho a recibir una atención de calidad a cargo del erario público–.

Un debate que permanece sin abordar profundamente es el estado del Sistema Público de Enseñanza (pública y concertada), cómo se ha modificado en los últimos treinta años y los cambios de normativa que no afectan coherentemente a los diversos factores intervinientes en el sistema.

Resultan preocupantes en España las altas tasas de abandono escolar y fracaso educativo entre nuestros jóvenes. Reclamamos que se realice un análisis comprehensivo y honesto de los aspectos que deben mejorarse que conduzcan de manera realista a las posibles soluciones.

Entre 2009 y 2013 los docentes españoles hemos visto reducido nuestro salario en cerca de un 13%. El ligero aumento del 1% aplicado para este año no llega a producir un efecto significativo en nuestro poder adquisitivo, que está lejos de recuperarse; a la pérdida económica se suma el detrimento de nuestras condiciones sociolaborales. La realidad del docente en su trayectoria por el sistema educativo es la carencia de una carrera profesional digna que nos incentive y reconozca nuestra labor.

No pretendemos, a estas alturas, abordar aquí el asunto del bilingüismo o del plurilingüismo, lo que sería un debate harto prolijo y que nos llevaría a vueltas con la cuestión básica de si realmente nuestro sistema educativo está preparado para afrontar este reto.

En conclusión, podríamos seguir enumerando los grandes problemas e incertidumbres a los que nos enfrentamos en nuestro día a día; pese a todo, perseveramos en realizar nuestro trabajo con la mejor calidad posible, en continuar formándonos a costa de sacrificio personal y en suplir nuestras carencias de formas creativas; en suma, esforzándonos siempre por ser mejores profesionales.

Las carencias fundamentales que se han expuesto nos hacen ver lejano el empoderamiento de los docentes como un logro a corto plazo. Es imprescindible que las Administraciones competentes den una prioridad clara a la educación, impulsando medidas de inversión y mejora que posibiliten un avance sustantivo del sistema educativo para hacer frente a los desafíos que nos plantean los nuevos tiempos.

 

Aurora Ramírez Martínez Secretaria del Sector de Enseñanza FeSP-UGT Córdoba

Situación del empleo en la Administración General del Estado

Según datos del Instituto Nacional de Estadística los puestos de trabajo de las Administraciones Públicas están por debajo de los niveles del año 2008. Desde que gobierna el PP el sector público ha perdido más de 280.000 empleos. Con la crisis, la plantilla de funcionarios, laborales y personal estatutario de la Administración Central perdió unos 40.000 empleados de los 240.000 que tenía en 2008. Entre 2008 y 2010, no se cubrieron todas las vacantes. De 2010 a 2012, se paró la oferta de empleo. Y a partir de 2012, se fue subiendo poco a poco la tasa de reemplazo de las vacantes hasta alcanzar el 100% en servicios públicos prioritarios, aunque en algunos departamentos todavía no se cubren todas las jubilaciones.

Al amparo de la exigencia de control del déficit público impuesto por la Unión Europea, se han tomado medidas alejadas de cualquier estrategia de desarrollo económico fundamentada en la creación de empleo de calidad y de salarios dignos. Todo lo contrario, el Partido en el Gobierno ha propiciado el hundimiento de las condiciones laborales de los trabajadores públicos: reducción severa del poder adquisitivo mediante congelaciones salariales o mordiscos y supresión de las pagas extraordinarias, incremento de las jornadas laborales, reposición de puestos de trabajo fijos por interinos o temporales para precarizarlos y reducir su peso salarial y, sobre todo, un descenso acusado tanto en la cantidad de empleo público como de la calidad del mismo. Tanto es así que, según la OCDE, España ocupa los puestos más bajos de Europa en cuanto a tasas de empleo público sobre población activa con un 12,7%, superado por países de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Italia o Francia..

La Unión Europea ha advertido a nuestro país sobre la excesiva temporalidad en contratos para cubrir plazas que deberían ser fijas y la vulneración de los derechos de los trabajadores interinos ha provocado el pronunciamiento del TJUE mediante sentencia.

El Estado del Bienestar le debe una buena parte al trabajo de los empleados públicos, y estas medidas se encuadran en la estrategia de deterioro de la calidad de los servicios que se dan a los ciudadanos. Educación, Sanidad, Justicia, Seguridad, son servicios que hacen fuerte a un estado y a este Gobierno parece que eso no le interesa.  El desmantelamiento de los servicios públicos es fundamental para fortalecer a la iniciativa privada, la de los amiguetes, la que espera hacerse con un negocio milmillonario. Las evidencias hablan, privatización de los registros para abrir boca, deterioro y hundimiento premeditado y sistemático de la Sanidad y la Educación, todo para justificar los reiterados intentos de privatización de servicios de ambas,  la financiación pública de la educación privada, los costes inasumibles de las tasas universitarias o el material escolar.

Pero estos males son algo superficial, los inductores y responsables de esta estrategia no pueden admitir que la burocracia sea neutral y con una cualificación técnicamente superior, temen que el ejercicio de su poder se vea limitado por quienes deben velar por la aplicación de la Ley y el Derecho, pero al mismo tiempo  no pueden prescindir de ellos si quieren alcanzar los objetivos políticos marcados. Este mar de fondo nos arrastra en una transición del sistema tradicional de función y ejercicio públicos, con un régimen especial de vinculación de sus miembros, a un régimen de empleo público, con simples trabajadores por cuenta ajena con una mayor vinculación al poder político que gestiona la Administración que los nombra.

Uno de los puntos clave de esta estrategia es que los principios de mérito y capacidad en los nuevos procesos de selección pasan a segundo plano, primando para la promoción profesional, el criterio de “idoneidad” evitando así la aplicación de los anteriores. Con la entrada en vigor del EBEP, puestos desempeñados por funcionarios públicos, como determinados puestos de carácter técnico, se están ocupando a través de “contratados laborales fuera de convenio”, ya aceptados en los últimos convenios colectivos aprobados.

En este escenario y en un giro de los acontecimientos se produce la oferta de Empleo Público (OEP) para 2017 de alrededor de 67.000 plazas, 4.000 de ellas nuevas, un adelanto de la histórica macroconvocatoria de oposiciones de más de 250.000 plazas en tres años, a las que habría que añadir otras 100.000, en cálculos orientativos, por los funcionarios que se jubilen en los próximos tres años. Hay que resaltar que se incluye el proceso de conversión escalonada de hasta 250.000 interinos a fijos encaminado a reducir la interinidad/temporalidad en las administraciones, reduciendo la tasa del 23%-25% actual al 8% en 2019. El propio Ministerio de Hacienda señala que hay que tener en cuenta que se parte de una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración, y que ese elevado número de interinos afecta principalmente a los sectores de Enseñanza y Justicia. Las tasas oscilan entre el 30% de la sanidad, el 25% de Justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria.

El acontecimiento ha sido presentado por el ministro Cristóbal Montoro como un acuerdo «muy positivo» y «razonable», «fruto de la negociación con los representantes de las centrales sindicales», con agradecimiento a la posición de las mismas durante la negociación, ya que su respuesta ha sido “extraordinaria». La oferta se configura como un preámbulo a la consecución de «mayores ventajas» para los empleados públicos, y una mejora de los servicios públicos si se aprovecha la situación económica, respetando, eso sí, los objetivos de reducción de déficit público. El ministro ha remarcado que tanto la cantidad de plazas como la calidad de la OEP “aspira a dar estabilidad al puesto de trabajo» reduciendo la interinidad, «tenemos que apostar por la Función Pública, hacerla atractiva», y ha destacado que, además de rejuvenecer las plantillas, se dará a personal más cualificado, puesto que se incrementan las plazas que requieren una mayor especialización.

En una segunda parte, Montoro ha apuntado que a partir de la «buena disposición de las partes seguiremos progresando en diálogo y llevaremos adelante en la negociación, entre otras, la mejora de las retribuciones a partir de 2018», «El Gobierno está en ese empeño, para conseguirlo es necesario encontrar interlocutores con la misma predisposición al acuerdo». Según el ministro este paso «Supone dejar atrás el pasado», agradeciendo a los funcionarios los sacrificios y esfuerzos realizados hasta ahora.

Aun siendo la mayor oferta de empleo público en la Administración General del Estado (AGE) de la última década, aunque la AGE recupera efectivos y crea empleo neto en estos diez años, muchos servicios públicos están entrando en una situación de colapso. Según declaraciones de nuestro secretario del sector de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, «Es el inicio para paliar lo que ha ocurrido».

 

Federico Bernabé Cerqueira

Secretario de Administración General del Estado y Postal

FeSP-UGT Córdoba

 

La Libertad de Transmitir Información en el ejercicio de la Acción Sindical

El Tribunal Supremo en Sentencia del año 2012 considera improcedente el control empresarial del contenido de los comunicados para acordar, o no, su publicación, así como tampoco pueden censurar comunicados sindicales.

En dicho orden, la libertad de expresión y de transmisión de informaciones forma parte del contenido de la libertad sindical y la empresa, entendida esta en sentido amplio lo cual incluye al sector público y por ende a la Administración,  se encuentra obligada a transmitir o mejor dicho, a no impedir que se transmita información sindical a través de los cauces existentes,  y también a no controlar los comunicados que los representantes de los trabajadores cuelguen de las páginas informáticas utilizadas al efecto, salvo que ello comporte un “perjuicio claro”, encontrándose comprendido este concepto dentro de lo que en el ámbito del derecho se conoce como un “concepto jurídico indeterminado”.

En base a dicho postulado, dichas razones deben argumentarse de forma motivada y responder a un perjuicio que vaya más allá de lo que pudiera entenderse como normal: al impedir cualquier otra comunicación de forma concluyente; poner en entredicho el honor y la imagen de la empresa; así como también alejarse de otros perjuicios que se han causado o han podido alegarse cotidianamente, de manera que el mismo debe ser “claro” o lo que es igual, evidente.

Estos derechos, aunque a veces parecen difuminados para el empresario e incluso para los miembros de las Secciones Sindicales, Comités de Empresa o Juntas de personal, se encuentran amparados en lo esencial por el artículo 20 de nuestra norma constitucional cuando previene que: se reconocen y protegen los  derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, así como: a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión .

Asimismo la Ley regula el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades, encontrando estas libertades su límite: en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Pues bien, dicho artículo consagra dos derechos: el de informar libremente y el de recibir en libertad dicha información, habiéndose extendido por la doctrina el llamado “derecho pasivo” a recibir dicha información “por cualquier medio de difusión”, lo cual implica a su vez la libertad de emitirla por cualquier medio, y que la misma no pueda restringirse mediante “ningún tipo de censura previa“.

Al mismo tiempo la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, vienen a consagrar en este ámbito lo prevenido en el general,  pronunciándose  de forma tajante sobre la libertad de información sindical cuando al defender en su primer artículo la actividad sindical la incluye entre los “derechos básicos de los trabajadores”, a lo que mayhttp://elsindicatoestuvoz.es/wp-admin/post-new.phpor abundamiento debemos sumar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional al considerar a estos derechos y  por ende al de información, como núcleo indisponible del ejercicio de la referida acción sindical para que resulte reconocible.

Siendo la importancia de este derecho de información reconocida en el ordenamiento y refrendada por el Tribunal Constitucional la que provoca que el mentado Derecho lleve aparejado una protección judicial máxima a través de lo procedimientos acelerados de la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas contenidos en el artículo 177 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, si se trata de personal laboral, así como el artículo 114 y siguientes sobre procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dado el caso de personal funcionario.

No obstante debemos tener en cuenta que dichos procedimientos se contemplan para los sindicatos y resultan de más difícil encaje para los representantes unitarios, toda vez que dicha protección especial trae causa de la protección constitucional otorgada a la acción sindical en base a los artículos 7 y 28 de la misma.

Finalmente, es importante reseñar que las ordenes deben ser cumplidas, todo ello de acuerdo a lo prevenido por las normas prevenidas al efecto, toda vez que en el ámbito funcionarial,  decía el texto articulado de la Ley de funcionarios del Estado de 1966, aún vigente en determinados artículos, que el personal sometido a derecho administrativo: “debe respeto y obediencia a las autoridades y superiores jerárquicos” y “acatar sus órdenes”, y así suele reiterarse en las Leyes ulteriores, concretamente en el artículo 84.1 del Estatuto básico del empleado público. Y lo mismo ocurre con el personal laboral, en aplicación del principio del poder de dirección del empresario.

Quiere esto decir que ante una conducta antisindical de la Administración o Empresa Pública en relación al derecho a la información, lo cual se puede predicar de los demás derechos, deben acatarse sus ordenes “para después ponernos en contacto con el sindicato” a fin de que éste realice las acciones administrativas y judiciales correspondientes, las cuales, al encausarse a través de procedimientos urgentes, deben ser puestos con la máxima brevedad posible en conocimiento del mismo.

 

Juan Manuel Casellas

Abogado Gabinete Jurídico FeSP UGT Andalucía

UGT considera fundamental la igualdad entre hombres y mujeres durante el desarrollo evolutivo de las personas

Nos parece que las mujeres han logrado verdaderos avances, pero los hechos nos sorprenden y nos recuerdan todos los días que todavía queda mucho por hacer para llegar a una igualdad real entre hombres y mujeres.

No pasa un día en el que las noticias NO nos sorprendan con algún tipo de violación de los derechos de las mujeres, ya sean niñas, jóvenes o adultas; y tampoco se circunscribe a un solo estamento de la sociedad ni país; es una lacra que lo está impregnando todo.

Los recortes económicos y sociales llevados a cabo en España por un gobierno neoliberal, han hecho caer en picado las expectativas de esta sociedad para seguir aportando mejoras en la igualdad de hombres y mujeres; todos los aspectos de la vida de una sociedad no puede estar subordinados a las leyes de mercado.

Ya desde el año 2000 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) los líderes mundiales que lo firmaron reconocían que la erradicación de la discriminación y la violencia contra las mujeres, debería ser uno de los objetivos principales hasta el año 2015, pero éste ha pasado sin pena ni gloria y parece que estamos peor de lo que estábamos, y al parecer seguimos dando pasos hacia atrás. Es hora de que las mujeres demos un golpe de mano y cojamos las riendas de nuestras vidas. No podemos seguir sometidas al poder o a la autoridad del hombre. Es hora de dar un paso al frente.

Es necesario que desencadenemos el final de la “violencia contra las mujeres”, tanto a nivel sexual, como a nivel físico. No podemos permitir por más tiempo la “sangría de tantas vidas de mujeres” que son asesinadas por el mero hecho de serlo.

A partir de este momento es hora de que las mujeres pongamos más ahínco en conseguir la igualdad con el hombre. Es preciso abordar con urgencia la paridad entre hombres y mujeres. Es urgente que desde la política se aborden normas de conciliación de la vida familiar y laboral.

Así como desde la educación, concienciar y orientar tanto en la vida familiar como en las escuelas que disminuyan el trabajo por duplicado que las mujeres deben hacer en el hogar y en sus puestos de trabajo.

Es hora que se escuche la voz de las mujeres, que no nos repriman, que no nos asesinen, que tengamos los mismos derechos que el hombre, que la igualdad no quede sólo en bonitos decretos con palabras grandilocuentes que quedan después en papel mojado. En este sentido el TSJA ha emitido una sentencia en la que considera que “Los delitos de violencia de género afectan a la seguridad pública en cuanto suponen una amenaza o un atentado grave a un interés fundamental de la sociedad, cual es el de proteger la dignidad e integridad física y moral de las personas que la integran, en este caso las mujeres vinculadas por matrimonio o análoga relación de afectividad”.

Si queremos tener una democracia real y efectiva, será necesario que la voz de las mujeres se escuche en todos los ámbitos de la sociedad.

Desde FeSP UGT Andalucía reclamamos un Pacto de Estado contra la violencia de género porque así obligas a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario a hacer propuestas concretas para erradicarla.

También desde FeSP UGT Andalucía exigimos un aumento presupuestario en políticas de prevención, concienciación y protección de las víctimas.

María Acosta Hernández

Secretaria de Salud Laboral e Igualdad de FeSP UGT Andalucía