En 2016 se cumplieron 300 años desde que el servicio de Correos se convirtiera en responsabilidad del Estado, tres siglos que han sido testigos de la transformación progresiva de la organización postal en España.
La prestación del servicio postal, tradicionalmente llevada a cabo por el Estado, no ha permanecido ajena a la dinámica económica imperante, bautizada como “neoliberalismo”, de liberalización y privatización de los servicios públicos. A principios de los años 90, las decisiones europeas obligan a abrir su prestación a empresas privadas y a liberalizar el mercado postal a nivel comunitario, yCorreos pasa a su actual forma jurídica, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, una sociedad anónima de capital cien por cien público.
Correos ha superado en los últimos años retos como la transformación digital creando infraestructuras y sistemas para las cuatro filiales del grupo (Correos, Nexea, Correos Express y Correos Telecom), los cerca de 2.400 puntos de acceso urbanos y más de 6.300 puntos de servicio rurales, y sus más de 51.000 empleados. Los procesos internos se han optimizado y son más eficientes, a la vez que el usuario y cliente puede ser atendido en cualquier momento y lugar a través de cualquiera de los canales que hay a su disposición.
Pero, para UGT,el reto de la modernización no lo es tanto comparado con el de la supervivencia.Correos obtiene sus ingresos de la explotación y venta de los distintos productos y servicios que oferta y, aunque es la principal fuente de ingresos de Correos, el servicio postal tradicional ha sufrido un declive del 6,5% en los últimos años frente a un imparable crecimiento del 18% de la paquetería.Esta tendencia es general en un sector en el que Correos ha pasado de operar el 19% de los envíos de paquetería en 2013 al 24% en 2016, siempreen detrimento del resto de operadores. La potencia y capilaridad de la red de Correos permite llegar prácticamente a cualquier punto del territorio nacional, y esto es visto con temor por las distribuidoras privadas. En UGT detectamos que hay cierta presión de lobbies de paquetería a la Administración para que Correos no tenga los recursos suficientes en materia de paquetería, prueba de ello son las continuas denuncias interpuestas por las asociaciones de empresas de reparto y la patronal de paquetería en cuanto a financiación, recursos recibidos y supuestos privilegios de Correos.
Es aquí donde UGT tiene que recordar que Correos es el prestador del Servicio Postal Universal, SPU, el conjunto de servicios postales, considerados como de interés general, cuya prestación garantiza el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios, cualquiera que sea su lugar de residencia, un principio básico y fundamental recogido por la Constitución.Unos servicios que son claramente deficitarios y nada atractivos para la iniciativa privada, ya que los 55 céntimos que abona un ciudadano por enviar una carta a cualquier rincón de España, por remoto e inaccesible que sea, son insuficientes para cubrir el coste.El cumplimiento de estas obligaciones no debería poner en riesgo la viabilidad económica de Correos como empresa, por ello, para garantizar la prestación delservicio sin perjuicio económico para Correos, la ley establecela financiación por parte del Estado de la diferencia con el coste real. Pero, a día de hoy,Correos está en números rojos por el brutal recorte a esa financiación de 180 millones de euros en los dos últimos años, y acumula un déficit de 230 millones de euros en los últimos tres años.
UGT ha denunciado reiteradamente que la situación de la empresa postal pública es en este momento insostenible, pero hemos chocado con la falta de diálogo por parte de los anteriores gobiernos y de Correos.Todo ello con una severa reducción de 15.000 trabajadores y trabajadoras en los últimos ocho años, en el marco de un Convenio Colectivo y un Acuerdo Funcionarial bloqueados desde hace cinco años, donde la plantilla ha sufrido recortes de salario, desregulación de las condiciones laborales y un inaceptable aumento de la precarización que alcanza el 35% de eventualidad y el 22% de contratación a tiempo parcial, con situaciones como la de empleados con contrataciones a los que se daba de baja los fines de semana o los días festivos, y se volvían a contratar después.
Desde UGT esperamos del nuevo gobierno queincorpore a Correos a su agenda de prioridades y dejemos de ser invisibles, pese a ser la mayor empresa del sector público, y revierta la inacción de la anterior legislatura, dedicada a desmantelar Correos con recortes presupuestarios, de personal y de infraestructuras. Que después de siete años de aplicación de la Ley de Correos que obliga a la ejecución de un Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, éste se haga efectivo para asegurar la extensión y la financiación del SPU (que los sindicatos ciframos en 230 millones anuales), y así mantener la viabilidad de la empresa postal pública y mantener a los más de 50.000 trabajadores.
Para UGT es necesario aprobar un nuevo Plan Estratégico, que sitúe a Correos entre los operadores postales europeos que lideran el cambio de modelo postal hacia una integración de servicios postales, logísticos, financieros y tecnológicos. Se debe apostar por la diversificación,la creación de un Banco Postaly la innovación para afrontar los cambios, y convertir Correos en un referente en nuestro país y también en el ámbito internacional. Y sobre todo es necesario que el Gobierno siga la estela de otros gobiernos europeos que apoyan a sus Correos como proyecto de país.