Autor: Comunicación

¿Qué funciones tiene este colectivo y donde las desarrollan?

Las funciones que tienen las Monitoras/es Escolares son, entre otros, la gestión de correo electrónico, tratamiento de datos de usuarios de comedor, aula matinal, etc., elaboración de circulares y comunicaciones a padres/madres, actualizar datos personales del alumnado, apoyo a la gestión económica, proceso de escolarización y proceso de matriculación.

El trabajo lo están desarrollando en un Centro Educativo en el mejor de los casos, cuando su contrato es de 35 horas semanales, pero hay casos en los que llegan a trabajar en tres centros diferentes en una misma semana y en dos centros diferentes el mismo día con contratos de hasta 8 horas semanales.

¿Cuál es el perfil de las personas que componen este colectivo?

El colectivo de Monitoras/es Escolares está formado en una inmensa mayoría por mujeres. El hecho de que haya tantos contratos basura provoca que la carrera profesional y personal de esta mujeres se vea truncado al sufrir este agravio y haciendo que sean el eslabón más perjudicado de esta sociedad.

 ¿Se están intentando hacer mejoras para este colectivo?

El pasado 14 de enero de 2021 se firmó un acuerdo, el cual UGT no ratificó, en el que se agrupan a este colectivo en dos horarios principales: uno hasta las 20 horas semanales y otro hasta las 35 horas semanales. Estos horarios no mejoran las condiciones de trabajo de este personal, ya que tienen que seguir prestando servicios en varios centros y dejando, por tanto, de atender todas las necesidades que surgen en los distintos colegios en donde están. Desde UGT nos preguntamos si esta es la calidad de la que se vanagloria la Junta de Andalucía en la Educación. Cómo puede una persona, que trabaja solo 3 horas diarias y tiene que compaginar varios centros diferentes en una semana, desarrollar todas las funciones que tiene asignadas y quiénes harán todo este trabajo cuando no acudan a esos colegios.

¿Por qué no ha firmado UGT este acuerdo?

Desde FeSP-UGT nos hemos negado a firmar este acuerdo porque consideramos que un servicio de calidad solo se puede prestar cuando el personal tiene la dedicación completa a su trabajo y, más si cabe, cuando el servicio que desempeña es tan fundamental como la gestión administrativa y el contacto directo con el alumnado, por lo tanto, UGT no está de acuerdo con los contratos inferiores a 35 horas de este personal.

El acuerdo que se ha firmado ha nacido sin recorrido ya que la misma Dirección General de Función Pública, en cuanto tuvo conocimiento del mismo, ha detenido su trámite. Como en otros anuncios del Consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, todo se queda en buenas intenciones y promesas al aire. Este Consejero no tiene credibilidad para negociar acuerdos.

¿Qué soluciones propone UGT para mejorar las condiciones de este colectivo?

Desde FeSP-UGT exigimos que la totalidad del colectivo de Monitoras/es Escolares tengan un contrato de 35 horas semanales y de esta forma, la actualización de conocimientos como son las Instrucciones, Decretos y otras normativas, se podrán realizar en el puesto de trabajo, ya que si solo están 3 horas en un Centro Educativo, esta actualización la tienen que realizar en su casa, en su tiempo libre. Así también, la forma de trabajar sería homogénea durante toda la jornada, ya que en cada Centro Educativo se trabaja de una forma según las directrices del equipo directivo, además de utilizar diferentes programas informáticos. Esto supone una carga de estrés muy importante.

El Monitor/a Escolar podría formar parte de un equipo de trabajo al desarrollar su jornada en el mismo centro, no teniendo que desplazarse y tener ese sentimiento de “temporalidad”. Está comprobado que esto mejora considerablemente la efectividad laboral al sentirse valorados en su puesto de trabajo.

Desde FeSP-UGT queremos manifestar nuestro apoyo al colectivo de Monitoras/es Escolares y la defensa del empleo digno y la vigilancia por unas condiciones de trabajo estables y de calidad.

Sección Sindical Educación

La Junta de Andalucía no ha reconocido la labor de los trabajadores/as sanitarios y sociosanitarios de los servicios esenciales durante la pandemia.                          

Según José Juan Fernández Martínez responsable de Salud de la FeSP-UGT Córdoba, ni la Consejería de Salud y Familias ni el resto de administraciones de la Junta de Andalucía han estado a la altura en esta pandemia, dejando a los trabajadores esenciales desprotegidos ante las consecuencias del COVID-19.

¿Cuáles son esas consecuencias para los profesionales de la salud, y del sector sociosanitario?

La principal, es la falta de medidas preventivas reales de los trabajadores de la sanidad pública y privada, así como de los centros residenciales, de los Servicios de Ayuda a Domicilio, el transporte sanitario, y clínicas privadas. Lo que está provocando un elevado riesgo potencial para la salud de estos profesionales. Estamos inmersos en la tercera ola, y a día de doy se les sigue negando  por la administración sanitaria la utilización generalizada y obligatoria de las mascarillas FFP2, a pesar de su demostrada eficacia de protección. Tenemos un elevado número de profesionales contagiados en Córdoba, en esta última semana han aumentado los casos de profesionales contagiados en el SAS por el COVID-19 un 14.3 %, y un 11.22 % los trabajadores/as en aislamiento, que pueden dar positivo a lo largo de estos días. Las cifras acumuladas de contagios es de cerca de 2500 profesionales, es decir que cerca del 23 % del total de trabajadores/as públicos se han contagiado, lo que significa un fracaso en las políticas de prevención, protección y de gestión de recursos humanos.

¿Dispone UGT de datos de número de contagios en trabajadores de la sanidad privada, o de residencias y Ayuda a Domicilio?

No, no tenemos datos contrastados y reales  publicados por la Consejería de Salud y Familias. En este sentido debemos denunciar la falta de control y  la nefasta gestión de esta pandemia por parte de la Consejería; y esta situación es más que preocupante para UGT. Hay un abandono total de estos trabajadores/as, que están en primera línea y están realizando un servicio público en estos momentos. Se siguen dando situaciones de falta de los EPIs adecuados y en número suficiente, como las mascarillas FFP2 y quirúrgicas, etc. Tenemos que denunciar la inexistente conexión entre administraciones  de la Junta de Andalucía en materia de coordinación en la protección de los trabajadores/as y usuarios. Y ponemos un ejemplo claro, muchas Auxiliares de Ayuda a Domicilio acuden a los domicilios de los usuarios que atienden sin utilizar los EPIs adecuados, por no saber que el usuario está en aislamiento preventivo, o es un caso  positivo de COVID.

En el transporte sanitario, se permite el traslado de hasta 4 pacientes, más sus acompañantes en una ambulancia, que junto con el Técnico de Emergencias Sanitarias hacen 9 personas de hasta 5 núcleos de convivencia distintos, en trayectos que duran hasta 2 horas. Desde UGT, hemos puesto en conocimiento de esta barbaridad a la Consejería, sin ninguna respuesta que solucione este fallo en la seguridad de los pacientes y trabajadores.

¿Cómo están los trabajadores del sistema sanitario público?

Cansados, saturados, y decepcionados con la clase política por “no sentirse escuchados”. Su opinión no ha valido para nada en las decisiones  a tomar para la gestión de esta pandemia. Solo se les ha exigido que cumplan con sus funciones como trabajadores públicos, que arriesguen sus vidas por los demás ciudadanos, y “a callar y a seguir trabajando”. Ese es el sentir que nos llega de los trabajadores/as. En el SAS todavía les deben parte de los salarios del 2019, como es el Complemento al Rendimiento Profesional (CRP). Se les ha impedido a los candidatos del concurso de traslados y oposiciones del SAS a tomar posesión de su plaza ya publicada en el BOJA, con tibias argumentaciones como excusas, cuando en plenas navidades todos los andaluces se podían desplazar libremente por Andalucía, pero no era posible que estos trabajadores lo hicieran para coger su plaza. Existe una discriminación en el trato de la administración entre el personal sanitario y no sanitario, y para UGT ambas son un todo necesario e inseparable para que funcione adecuadamente el sistema sanitario andaluz, de ahí que no entandamos este clasismo de la Consejería de Salud. Los hospitales y centros de salud de la provincia están saturados y al límite de sus fuerzas, y los refuerzos necesarios en personal no llegan del todo.

Y los trabajadores del sector de la sanidad privada y del sociosanitario, ¿Cómo lo están viviendo?

Pues se sienten “los últimos en todo, los grandes olvidados”. A pesar de ser servicios públicos esenciales en esta pandemia, han sido los últimos en regular sus condiciones en materia seguridad y salud, aporte de EPIs, precarizando más aún su situación, a pesar de estar en primera línea de actuación. Sirva de ejemplo de la precariedad de este sector, que los Servicios de Ayuda a Domicilio, y del Transporte Sanitario, siguen sin reconocerles la consideración de enfermedad profesional por COVID-19. Que el Convenio Colectivo de Clínicas privadas caducó en el 2010, y a pesar de estar denunciado, la parte empresarial se niega a negociar su actualización.

Algunos centros residenciales, y clínicas privadas siguen haciendo cálculos erróneos de la jornada laboral anual, haciéndoles descansar menos días de lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores, con contratos en precario y reducciones de jornadas abusivas y ficticias, pues en muchos casos se les obliga a trabajar el 100 %.

José Juan Fernández Martínez, responsable de sanidad FeSP-UGT Córdoba

Hoy entrevistamos a Federico Bernabé Cerqueira, Secretario del Sector Postal de U.G.T. en Córdoba. Señor Bernabé, UGT lleva años denunciando en distintos foros el desmantelamiento del modelo postal público, y en este periodo de tiempo no son pocas las acciones legales y movilizaciones que han llevado a cabo, muchas de ellas con un notable éxito. Es en los últimos tiempos que esta situación ha evolucionado a un nivel que ustedes califican de insostenible ¿podría explicarlo a nuestros lectores?

R.: Me voy a referir a los acontecimientos más recientes ya que son lo suficientemente clarificadores.

El pasado 21 de la empresa convocó a todas las Organizaciones Sindicales con representación en Correos, a la Mesa Sectorial para abordar, según el escrito remitido -idéntico al que se nos presentó en diciembre de 2019-, la discusión sobre el Plan Estratégico.

Como tantas otras reuniones anteriores, fue una reunión vacía de documentación rigurosa y con documentos aportados hace un año y medio. Más que buscar una negociación real sobre las líneas estratégicas de la empresa a desarrollar en los próximos años, fue una maniobra de distracción con intereses ocultos.

¿Qué intereses ocultos? ¿Y por qué una empresa como Correos necesita argucias de ese tipo en una reunión con sus interlocutores sociales?

Pues así están las cosas. A través de esta escenificación de reunión se buscaba la venta de imagen de normalización de una situación que ya es insostenible con respecto al diálogo social en Correos, el presidente pretendía un consenso para la creación de unos Grupos de Trabajo “trampa” que mediante la participación de los sindicatos en los mismos -fuera de los marcos legales de negociación-, diesen aval y beneplácito para vestir como negociación un trasfondo de recortes, reestructuraciones, cierre de centros y recortes de plantilla que Correos quiere implantar en los próximos meses. Un intento de travestir como negociación un trasfondo de desguace para Correos, cuyo único fin era recabar el aval de la parte social para refrendar con su marca el desmantelamiento del Servicio Postal Público. Todo orquestado y muñido –como tanto de lo que viene haciendo esta presidencia hasta la fecha- para la venta de una normalización y complicidad con los sindicatos de cara a la galería, con el objetivo de tapar su nefasta gestión y la creciente sensación de fracaso que, tanto dentro como fuera de la empresa, parece ir in crescendo.

Y con este escenario ¿cuál es el planteamiento de UGT?

UGT exige una negociación seria, que hable de un modelo postal de futuro, como un servicio público y sostenible, reforzado con la financiación pública suficiente para prestar un servicio de calidad y que posicione a Correos como una empresa competitiva, con empleo de calidad, cohesionadora y vertebradora de este país, pero de verdad, no desde el autobombo de un presidente que ha demostrado incompetencia y falta de liderazgo.

Esas afirmaciones son muy serias ¿En qué se basa para ello?

Es una situación generada por él mismo, ya que ha demostrado su total incapacidad en la gestión de la mayor empresa pública del país. Ha tirado por la borda la mitad de la legislatura y, con ello, todas las oportunidades que Correos tenía de cara al futuro. Este, pasará a la historia negra postal por ser el responsable de cargarse del logo de la matriz la palabra Correos -tras más de 300 años con él-, traspasándolo a su filial Correos Express; por haber abanderado el discurso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), de reducir la financiación del Servicio Postal Universal (SPU), de ajustar a la baja la plantilla y cerrar oficinas; por llevarse por delante a decenas de buenos profesionales del Grupo Correos sustituyéndolos por directivos de la filial Correos Express en pos de lo que se intuye como un pelotazo logístico; por regalar y malvender una buena parte del patrimonio inmobiliario de la empresa por oscuros intereses espurios; por un Plan de Prestación con unos ridículos 128 millones de euros de financiación, casi 500 millones de déficit, con proyectos vacíos (más ruido que nueces) y ocurrencias en diversificación y en internacionalización que han fracasado y no han reportado más que números negativos a la cuenta de resultados de Correos.

Pasará también a la historia negra postal porque, en plena pandemia y estado de alarma, mandó a los trabajadores/as a sus centros sin equipos de protección (EPI), haciéndose valedor de un título que todavía hoy conserva, el de subcampeón de la COVID, colocando a Correos como el segundo colectivo en contagios. También por dejar el SPU fuera de los servicios esenciales de R.D. de Alarma de marzo del año pasado, a partir de un enloquecido criterio personal de que para no abandonar el negocio había que abandonar a su suerte a los carteros/as en la calle sin EPIs, además de justificarse con un certificado “comprado”, su buena gestión durante la pandemia. Además de por haber provocado la mayor quiebra del diálogo social y la negociación, con una ruptura de la democracia laboral sin precedentes en la historia de esta compañía pública.

No hay duda de que son argumentos de peso. Como colofón a esta entrevista ¿Qué mensaje remite usted a la dirección de Correos?

R.: Desde UGT, advertimos de que el prestigio, la ética o la capacidad de un presidente ni se compra ni se hereda, se gana por autoridad moral y con hechos que la otorgan.

Para nosotros, ni se ha abierto la negociación del Plan Estratégico, ni se va a abrir en tanto no se defina el modelo postal y de Servicio Público de nuestro país, su financiación pública, un modelo de empresa moderna y competitiva (con la participación de Correos en los fondos estructurales para la reconstrucción, transformación y resiliencia), se hable de los trabajadores/as y su Convenio, y se dote de una gobernanza razonable para el desarrollo del proyecto.

UGT siempre ha defendido, y luchado, por un servicio postal público, a lo largo de la historia reciente hay múltiples pruebas de ello. UGT no entiende Correos si no es como elemento clave de vertebración del país, un actor principal en las comunicaciones entre los distintos territorios y necesario para evitar el avance de la España vaciada, de la que tanto se habla últimamente. Pero siempre como entidad pública fuerte y sólida. Sin esas condiciones, UGT no procederá a participar de ningún proyecto que busque el desmantelamiento de la mayor empresa pública del país, no participaremos en mesas de negociación abiertas fuera del marco legal como cortina de humo para tapar el desguace de Correos.

Federico Bernabé Cerqueira

El profesorado una vez más le salva los muebles a la Administración, que no sabe gestionar una crisis que le viene grande.

¿A qué se refiere con salvar los muebles, acaso la Consejería no cumple con sus competencias?

Desde el sector de Enseñanza de UGT, ya preveíamos que este curso sería duro, y en cada reunión con la Administración hemos propuesto soluciones viables para poder enfrentar los problemas que ahora nos inundan antes de que llegasen, pero se ha hecho oídos sordos a nuestras peticiones, y los centros educativos van salvando las dificultades sin medios, sin personal suficiente y sin una normativa clara, gracias al empeño, dedicación y compromiso de todos los docentes.

¿Cuáles son esas dificultades de las que habla?

Para UGT Enseñanza Córdoba la falta de inversión es una de las principales, y se hace evidente ante el aumento de casos de COVID19 en los centros educativos, que con el preocupante incremento de la incidencia acumulada, ha demandado mejores medidas de protección para que los docentes puedan seguir trabajando, como mascarillas FFP2 para todos los docentes, que es obligación de la Consejería de Educación proporcionarlas.

Además, hemos reclamado que se dote a los centros de medidas complementarias a la ventilación, como es el caso de los medidores de CO2, que ayudarían a planificar la ventilación de forma más adecuada y más segura, o la instalación de filtros HEPA que ayudarían a mejorar las condiciones en las aulas, que aunque no deben ser sustitutos de la ventilación constante, sí la complementan.

¿Cree entonces que invirtiendo en esos elementos se terminarían los problemas?

¡Ojalá! Pero aún quedarían muchos frentes abiertos. Desde UGT Enseñanza recordamos que la Administración está para dar un servicio y seguir la normativa, que incumple sistemáticamente. Con la pandemia y la ola de frío que hemos vivido, se puso de manifiesto que en las aulas de los centros educativos no se dan las condiciones adecuadas para que alumnos, profesores y el resto de personal de los colegios realicen sus tareas de forma óptima, y desde luego se incumple el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, al no garantizar unas condiciones laborales dignas para el profesorado, que en su Anexo III, punto 3 dice: “la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17º y 27º” ¡Y las aulas están a 0º y menos cero en muchos casos!

Además, se incumple sistemáticamente la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. Es decir, se legisla sobre el papel, pero luego no se dota económicamente para que la ley se cumpla. Y con ello, se condena a los centros educativos a sufrir unas condiciones ambientales dentro de las aulas que suponen un riesgo para la salud, tanto para el alumnado como para los docentes.

¿Cómo valora UGT el aumento de los casos de contagio en Córdoba y qué soluciones propone?

Desde el comienzo de curso UGT Enseñanza ha apostado por una docencia presencial pero segura. Sin embargo, ante el aumento de los contagios creemos que la salud del profesorado al que representamos, así como la del alumnado y personal de administración y servicios, se está poniendo en serio peligro innecesariamente, lanzando a la sociedad el engañoso mensaje de que los centros educativos son seguros, cuando el índice de contagios no para de crecer. Para UGT Enseñanza es «urgente» el cierre de centros educativos ante el avance de la pandemia por un periodo corto, por ejemplo 15 días, y así lo hemos demandado ante la Consejería de Educación por escrito. Sabiendo que la enseñanza está garantizada, al menos así frenaríamos el avance de los contagios y podríamos volver a un entorno seguro minimizando los efectos negativos sobre el proceso de enseñanza en caso de un confinamiento severo.

¿Entonces, si en los centros hay contagios, y no se cierran, cuál podría ser la solución?

UGT siempre ha puesto sobre la mesa que la solución pasaba por bajar la ratio de las aulas. Pero eso implica contratar a más profesorado para poder hacer desdobles de grupos que garanticen la distancia de seguridad de nuestros alumnos y alumnas, sin mencionar que eso además supondría una mayor calidad de la enseñanza, que es un objetivo que la Administración olvida a menudo. Pero los docentes y su labor, son ninguneados de manera constante. Por eso hemos exigido que se cubran todas las bajas médicas, y se regule la labor del docente que se ve obligado a confinarse, que aunque no se encuentre en el centro sigue atendiendo a su alumnado porque de lo contrario el alumnado se queda sin clase por falta de personal.

Habla de ninguneo a la figura del docente, pero son considerados personal de servicio esencial ¿Cómo es posible tal contradicción?

UGT Enseñanza exige que si los docentes son considerados personal esencial, se les debe tratar como tal. En este sentido, pide un protocolo claro en relación a la vacunación: los docentes deben ser vacunados lo antes posible pues están diariamente expuestos en aulas pequeñas en la mayoría de los casos con más de 25 personas. Y deben saber cuándo van a ser vacunados.

Para UGT Enseñanza las dificultades a las que se pueda enfrentar el sistema educativo andaluz sean las que sean, se ven siempre agravadas por dos razones: la improvisación de la Administración en su gestión y la falta de inversión en educación.

Juan Carlos Varo Millán. Responsable Enseñanza FeSP UGT Córdoba

Desde vuestra Federación se imparte formación para  personas que desean acceder a un empleo público así como para personal que ya desempeña sus puestos en la administración. ¿Cuál es la importancia de la formación a la hora de desarrollar un puesto de trabajo?

Es fundamental. Todo lo tocante a la formación de las trabajadoras y trabajadores ha sido un aspecto primordial en la acción sindical de FeSP-UGT, y en esta época de intensos cambios, más todavía.

Que estamos en un cambio de ciclo es una realidad, que implica una renovación de las capacidades y habilidades que necesitamos para poder acceder a un empleo y para desempeñarlo.

Uno de los pilares de la innovación es la formación continua de las trabajadoras y trabajadores. En general la formación continua para las personas ocupadas es rara en nuestras empresas y las empresas públicas no son una excepción.

Una formación continua profesional sistémica, pautada y obligatoria, con reserva  concreta de un tiempo para realización de actividades, mejoraría la productividad de nuestras empresas, aumentará la innovación y conformará plantillas de personas con una alta especialización. Una fórmula perfecta para cambiar nuestro modelo productivo desde sectores de bajo valor añadido a una economía moderna, competitiva, sostenible, de progreso, resistente antes las futuras crisis económicas.

¿Los planes de formación que realizáis desde la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos reciben algún tipo de subvención?

La labor de la Secretaria de Formación  en cuanto a planes subvencionados para todo el sector público sigue marcada por la inexistencia de convocatorias de cualquier plan por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y dentro de éste el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) o el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) o la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en los que podamos participar como entidad sindical, por tanto, no disponemos de ninguna subvención para el desarrollo de nuestros cursos.

¿A quién va dirigida vuestra formación?

La formación que impartimos va dirigida a todos los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su trabajo en los diferentes sectores de los Servicios Públicos  y aquellas personas que están interesadas en opositar para cualquier Administración Pública, por medio del apoyo en su preparación.

En cuanto a la formación continua para personal sanitario y no sanitario, ésta va dirigida tanto al personal en servicio activo como desempleadas y desempleados. Estas actividades formativas son válidas para la bolsa del SAS.

Respecto las personas que desean acceder al SAS, ofertamos cursos de apoyo del  temario común de todas las especialidades, además del temario específico en diversas categorías como son auxiliar administrativo, administrativo, auxiliar de enfermería, celador y celador-conductor  También, estamos impartiendo preparación para acceder a la Oferta de Empleo de Correos y en diversos cuerpos de la Administración General de la Junta de Andalucía como Agentes de Medio Ambiente y administrativos; en administración local, destacar la preparación para el acceso a la bolsa de empleo de SADECO.

Toda esta preparación se realiza en la modalidad online desde nuestra plataforma de teleformación con seguimiento y tutorización, en algunos casos, de más de un año.

También realizamos formación dirigida al personal que trabaja en dependencia, tanto en ayuda a domicilio como en instituciones, para que puedan conseguir las acreditaciones profesionales necesarias para el desarrollo de sus puestos de trabajo.

Por último, también me gustaría destacar la preparación de diversos niveles de inglés oficiales A2, B1, B2…, gracias al acuerdo de colaboración firmado entre nuestra Federación, a nivel regional y Cambridge English a través del sistema Linguaskill.

¿Qué modalidades de formación se imparte desde sus aulas?

Nuestra formación presencial de distintas modalidades ha sido muy amplia hasta el pasado año, aunque poco a poco hemos conseguido el objetivo de adaptación  de formación presencial a telemática y que no sólo ha satisfecho al alumnado, sino que los resultados obtenidos por nuestros alumnos en sus convocatorias han sido excepcionales.

Los datos nos avalan, en este periodo de 2016 a 2020, han pasado por nuestras aulas, bien de una manera presencial o telemática, más de 24.000 personas en 863 acciones formativas.

Mayte Barrón. Secretaría de Formación

Desde UGT se ha elaborado un exhaustivo estudio, donde se recogen las diferencias retributivas del personal docente, entre los distintos territorios y con los países europeos de nuestro entorno.

• ¿Cuáles son las primeras conclusiones de ese estudio elaborado por UGT?

Si España tiene 17 sistemas educativos (18, contando con Ceuta y Melilla), también tiene 18 tablas salariales diferentes para sus profesores. Y varían bastante de una comunidad a otra. Desde UGT, hemos observado que la diferencia salarial entre docentes que ejercen la misma labor se va hasta un 20% en Primaria (la brecha que hay entre un maestro vasco, el que más cobra, y otro asturiano) y un 28% en Secundaria. A ello hay que añadir que los docentes han perdido un 25% de su poder adquisitivo desde la crisis del 2010.

• ¿A qué se deben estas diferencias salariales?

Desde UGT lo venimos denunciando desde hace tiempo. Los salarios base y trienios son comunes en todo el territorio porque vienen fijados en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que las diferencias entre unos sueldos y otros, hay que buscarlas en los complementos de destino y específico que otorga cada comunidad autónoma a voluntad. Otros complementos retributivos como los sexenios, las tutorías, coordinaciones, compensatoria, departamentos, TIC, bilingüismo, itinerancias o programas, también son fijados por los distintos gobiernos de las comunidades autónomas y ni siquiera todos los reconocen.

Desde UGT vemos por tanto, una doble discriminación, las que se generan por pertenencia a distintos cuerpos (Primaria, Secundaria, etc.) y las existentes entre unos territorios y otros. Y está comprobado, como indican diferentes estudios internacionales, que los sistemas educativos con mejores resultados son los que manifiestan un reconocimiento social y económico a sus docentes, por lo que invertir en educación es mejorar las perspectivas de las generaciones futuras.

• ¿Cómo se encuentra Andalucía con respecto al resto de España?

 Todos los docentes andaluces tienen unos salarios por debajo de la media nacional. Concretamente en Primaria perciben 109 € menos y en Secundaria 138 € menos que la media. Por lo que las diferencias con las comunidades que mayor retribución perciben,  llega a alcanzar los casi 500 € en Primaria y Secundaria. Por lo que se observa, estos datos no son nada favorables y es una clara discriminación retributiva. Y todo esto, en un contexto en el que, como venimos denunciando desde UGT hace mucho tiempo, cada día aumentan más las tareas de los docentes, a los que se exigen más competencias profesionales sin ningún tipo de compensación.

• ¿Y con respecto a los países europeos de nuestro entorno?

 Según el estudio realizado por UGT, los docentes españoles de las etapas de infantil, primaria y secundaria tanto al inicio de su carrera profesional como a lo largo de la misma, y al final, tienen un sueldo oficial mínimo por debajo de la media de los 18 países de nuestro entorno en la Unión Europea.

Por poner un ejemplo, Portugal alcanza su salario máximo a los 34 años de servicio y con un 115,84% de incremento de su salario de comienzo, mientras que España tiene que esperar a los 39 años de servicio para alcanzar su salario máximo y la diferencia con el de inicio es sólo del 42,16%

Conviene señalar, en este sentido, que las cotizaciones máximas, a efectos de jubilación, se alcanzan con 35 años de servicio por lo que, en la práctica, muchos docentes españoles llegan a la edad de jubilación sin haber podido alcanzar dicho salario máximo. La escasa progresión del salario docente en España es un problema que se viene arrastrando a lo largo de los años, y da lugar a “escalas salariales muy comprimidas” según confirma la OCDE en sus informes. Y en España es donde menos se valora al docente y menos se motiva empezar esta profesión pues es donde más se tarda en alcanzar el salario máximo posible.

• ¿Qué está proponiendo UGT en este sentido?

Desde UGT entendemos que una forma de motivación y reconocimiento es la de ofrecer un salario en consonancia a la responsabilidad, para asegurar que los docentes en activo se sientan valorados, y suficientemente motivados para brindar una enseñanza de alta calidad. Lo que en Andalucía es todo un reto, pues se sitúa a la cola de Europa en salarios, al ser de las CCAA que peor paga a su profesorado.

Desde UGT vamos a seguir reivindicando en mesa general y sectorial la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, la reversión de los recortes salariales y educativos, la recuperación de los derechos perdidos y los incrementos salariales que nos equiparen de una manera definitiva con el resto de España.

Por otro lado, para UGT es fundamental el desarrollo de la formación, valorando y promoviendo el incremento del complemento salarial por formación (doctorado, máster…), innovación (mediante la participación, implementación o desarrollo de proyectos, publicaciones de investigación…) o dedicación.

Y posiblemente habría que empezar a establecer un modelo único de profesorado capaz de dar clases indistintamente desde los 3 a los 16 años, lo que supondría una reforma muy importante del Sistema Educativo de este país, aunque cada vez más necesaria.

Juan Carlos Varo Millán                                                                                                                                                                                                                                                                 Responsable Enseñanza FeSP-UGT Córdoba

Este es un curso atípico marcado por la COVID, que presenta innumerables dificultades, y desde UGT consideramos que la Administración está fallando en su política de gestión de la crisis, generando caos en el sistema educativo.

Habla de caos en el sistema educativo ¿Se refiere al comienzo de curso o es un problema más profundo?

Desde el sector de Enseñanza de UGT, ya preveíamos que el comienzo de curso sería duro, y así lo venimos avisando desde marzo en cada reunión con la Administración, que ha hecho oídos sordos a nuestras peticiones para poder enfrentar los problemas que ahora nos inundan, y que se salvan gracias al empeño, dedicación y compromiso de todos los docentes.

Esto es un problema de falta de compromiso por parte de la Administración de apostar por la Educación como uno de los pilares de la sociedad.

¿Qué considera su organización que debería hacerse?

Para UGT la respuesta es clara, se trata de bajar la ratio de las aulas. Pero para eso, se necesita inversión y contratar a más profesorado. Nosotros nos preguntamos cómo pretende la Administración que los centros educativos garanticen la distancia de seguridad de nuestros alumnos y alumnas si las instalaciones son las mismas. Para eso, hay que contratar a más profesorado para poder hacer desdobles de grupos y conseguir que estén más separados, sin mencionar que eso además supondría una mayor calidad de la enseñanza, cosa que olvidamos a menudo porque todo se plantea en términos sanitarios.

Pero la Junta ha anunciado un acuerdo de contratación de 1.500 profesores de refuerzo que su organización no ha firmado ¿Por qué?

Bueno, para UGT la oferta de contratación de 1.500 docentes es una simple migaja, que sólo sirve para maquillar una nefasta gestión de la situación por parte de la Administración.  Es evidente que se trata de una maniobra de imagen política, no de una solución real que UGT lleva exigiendo desde marzo.

Con 1.500 docentes de refuerzo COVID para toda Andalucía, que cuenta con un total de 1.830.371 estudiantes, 134.325 docentes y 7.099 centros, tanto públicos como concertados y privados, los centros seguirán exactamente igual ¿a quién quieren engañar? Firmar ese acuerdo sólo supone dar un espaldarazo de aprobación a la Administración por una gestión que no vela por la educación de calidad, ni por una vuelta segura a las aulas, y que es flagrantemente insuficiente, por eso entre otros motivos, UGT no firma un acuerdo que vende humo.

Ha mencionado otro motivos ¿cuáles son?

Bueno, además de exigir que sean 10.000 contrataciones para solventar el problema de manera real, lo que está lejos de lo firmado por otras organizaciones sindicales, la duración de los contratos atenta contra lo que en UGT consideramos que es el trabajo digno, pues se les contrata sólo hasta diciembre.

Además exigimos que se pagasen las tutorías al profesorado que está haciendo desdobles, porque no se hace. O que se regulase un permiso COVID para aquellos docentes con hijos confinados, positivos o negativos. Ahora al considerarse profesionales de servicios imprescindibles, no se les permite quedarse en casa con sus hijos aunque estén confinados. Parece que la Administración confunde inversión con gasto.

¿A qué se refiere con eso de que la Administración se confunde?

Para UGT la Administración no ve el gasto en educación como una inversión, sino como un coste perdido. De lo contrario, habría dotado a los centros de los profesores necesarios para garantizar la distancia de seguridad y con ello frenar los rebrotes y mejorar la calidad de la enseñanza; habría dotado de los EPI necesarios, y que en muchos casos el profesorado se está pagando de su bolsillo, cuando la normativa dice que se deben facilitar por parte de la Administración; habría contratado a más personal de limpieza, que es importantísimo en estos momentos y es del todo insuficiente; facilitaría que el personal vulnerable pudiera hacer teletrabajo, y no obligarlo a exponerse a contagios a pesar de presentar enfermedades en muchos casos muy graves.

Si hablamos en términos económicos, contratar a todos los docentes necesarios para frenar los contagios sale más barato que los ingresos en UCI que estamos padeciendo. Pero por alguna razón invertir en educación parece descartado.

Gracias por su tiempo y análisis de la situación.

Un placer, espero que la sociedad entienda que desde el sector de Enseñanza de UGT no cejaremos en nuestro empeño de luchar por una educación de calidad, lo que pasa por tener unas condiciones laborales dignas de todos los trabajadores del sistema educativo, docentes, conserjes, personal de administración, o personal de limpieza, de centros públicos, concertados o privados. Porque nos jugamos el futuro.

Juan Carlos Varo Millán                                                                                                                                                                                                                                                                 Secretario Enseñanza

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¿Cómo ha empezado el curso escolar 2019/2020, según UGT?

Este comienzo de curso, está siendo preocupante y caótico para muchos docentes por diversos motivos. Se inició con una colocación de efectivos que dejó sin resolver comisiones de servicio, tanto por enfermedad grave como por conciliación familiar, de muchos docentes de algunas especialidades pero sin vacantes para dar cobertura.

Para estos docentes el curso ha empezado muy lejos de sus hogares.

En el caso de los interinos que comenzaban el curso en septiembre con una vacante y, después de décadas de interinidad y trabajo más o menos estable, están esperando a que los convoquen para hacer sustituciones cada 15 días en centros distintos y angustiados por su futuro. Esta situación es indescriptible para el que la sufre, aunque mejor que la de todos aquellos y aquellas que ni siquiera van a poder optar a trabajar éste año.

Los docentes han encontrado al llegar a sus centros educativos a equipos directivos preocupados por las plantillas de funcionamiento y ajustando horarios. Todo esto es consecuencia de la Instrucción 12/2019, de 27 de junio de 2019.

Estas instrucciones llegaron a los centros educativos a finales de junio, sin negociación previa con los sindicatos, y que aumentaron las horas de las áreas de matemáticas, educación física y religión, en detrimento de otras áreas, teniendo que ajustar sus plantillas y suprimiendo a personal de sus centros.

¿Qué piensa UGT de todo esto?

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Córdoba criticamos la gestión y el perjuicio generado por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía a miles de docentes del cuerpo de Maestros tras la publicación de la colocación de efectivos para el curso 2019-2020. Además, desde FeSP UGT reiteramos nuestro más enérgico rechazo a unas instrucciones que están contribuyendo a mermar la calidad del sistema educativo andaluz, por lo que instamos a la Consejería de Educación a que las retire y revise fehacientemente y dé soluciones en la siguiente adjudicación de destinos.

Reclamamos un aumento de las horas de apoyo y de docentes de refuerzo en favor de la atención de los niños y niñas con dificultades de aprendizaje; cubrir las bajas que se prevén duraderas de forma inminente, agilizando los llamamientos; la bajada de ratios, es decir, del número de estudiantes por clase, y, por último recordamos la aconfesionalidad que recoge la Constitución Española y transmitimos que la mayoría de los docentes creen que debe darse fuera del horario lectivo.

Es por todo esto que FESP UGT el miércoles 18 de septiembre nos concentraremos en La Consejería de Educación y Deporte en contra de unas instrucciones que pulverizan la colocación de efectivos.

¿Por qué se propone una bajada en la ratio como una solución?

La Junta de Andalucía en la orden de 30 de julio de 2019 ha vuelto a publicar la supresión de aulas para este curso. En la provincia de Córdoba serán entorno a 57 las que perderemos. Si se bajara la ratio de 25 en la que nos situamos en la actualidad, no habría que disminuir aulas en detrimento de una mejora en la calidad educativa. Y así los centros quedarían dotados de más recursos, puesto que, no se suprimiría personal docente, con lo cual el alumnado estaría mejor atendido.

Mientras nuestro sindicato exige que se aproveche la caída de la natalidad para mejorar la calidad educativa, evitando el cierre de unidades y reduciendo el número de alumnos por aula, la Junta no solo niega que se vaya a aumentar sino que asegura que estará «por debajo de los 20 alumnos por clase». Fesp Ugt afirma que el dato es engañoso porque se calcula haciendo la media global independientemente de la zona, pero estamos convencidos de que en las grandes áreas metropolitanas, la ratio estará muy por encima de 20 e incluso de 25 o más en muchos casos.

Es un buen momento para abordar medidas que reviertan en la mejora de la enseñanza, y una de ellas puede ser dando una moratoria a la supresión de las aulas y manteniendo el personal en los centros.

Desde UGT pensamos que se debería de fomentar, por parte del gobierno, las estrategias y medidas encaminadas al apoyo a las familias para que puedan conciliar y recibir ayuda para aumentar la familia o pensar en formarla y aumentar la natalidad. Este problema del envejecimiento de la población y la baja natalidad es algo de lo que se lleva teniendo conciencia mucho tiempo pero que aún está por resolver.

Con este panorama, cómo abordan su trabajo los nuevos funcionarios aprobados en las últimas oposiciones de julio?

Con multitud de interrogantes pero cargados de emociones y energía para superar la fase de prácticas. Es por esto que desde Fesp UGT llevamos realizando todos los cursos escolares una asamblea informativa específica para los funcionarios en prácticas, donde exponemos toda la normativa que regula esta fase y aclaramos todas las dudas con respecto a los procesos futuros que se deben abordar.

Además, desde el curso pasado FESP UGT consiguió una mejora para conciliar la realización de la fase de prácticas con el disfrute del permiso maternal. Eran muchas las mujeres que se veían obligadas a diferir su año de prácticas si querían disfrutar de su permiso maternal al completo y si no superaban la fase de prácticas ese año diferido se veía abocada a perder su condición de funcionaria ya que no tendría su segunda oportunidad para pasar esta fase, como ocurre con el resto de opositores que superaron el período selectivo. Aún así, todavía nos queda mucho por negociar.

Aurora Bueno Cívico Responsable Secretaría Enseñanza FeSP-UGT Córdoba

En 2016 se cumplieron 300 años desde que el servicio de Correos se convirtiera en responsabilidad del Estado, tres siglos que han sido testigos de la transformación progresiva de la organización postal en España.

La prestación del servicio postal, tradicionalmente llevada a cabo por el Estado, no ha permanecido ajena a la dinámica económica imperante, bautizada como “neoliberalismo”, de liberalización y privatización de los servicios públicos. A principios de los años 90, las decisiones europeas obligan a abrir su prestación a empresas privadas y a liberalizar el mercado postal a nivel comunitario, yCorreos pasa a su actual forma jurídica, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, una sociedad anónima de capital cien por cien público.

Correos ha superado en los últimos años retos como la transformación digital creando infraestructuras y sistemas para las cuatro filiales del grupo (Correos, Nexea, Correos Express y Correos Telecom), los cerca de 2.400 puntos de acceso urbanos y más de 6.300 puntos de servicio rurales, y sus más de 51.000 empleados. Los procesos internos se han optimizado y son más eficientes, a la vez que el usuario y cliente puede ser atendido en cualquier momento y lugar a través de cualquiera de los canales que hay a su disposición.

Pero, para UGT,el reto de la modernización no lo es tanto comparado con el de la supervivencia.Correos obtiene sus ingresos de la explotación y venta de los distintos productos y servicios que oferta y, aunque es la principal fuente de ingresos de Correos, el servicio postal tradicional ha sufrido un declive del 6,5% en los últimos años frente a un imparable crecimiento del 18% de la paquetería.Esta tendencia es general en un sector en el que Correos ha pasado de operar el 19% de los envíos de paquetería en 2013 al 24% en 2016, siempreen detrimento del resto de operadores. La potencia y capilaridad de la red de Correos permite llegar prácticamente a cualquier punto del territorio nacional, y esto es visto con temor por las distribuidoras privadas. En UGT detectamos que hay cierta presión de lobbies de paquetería a la Administración para que Correos no tenga los recursos suficientes en materia de paquetería, prueba de ello son las continuas denuncias interpuestas por las asociaciones de empresas de reparto y la patronal de paquetería en cuanto a financiación, recursos recibidos y supuestos privilegios de Correos.

Es aquí donde UGT tiene que recordar que Correos es el prestador del Servicio Postal Universal, SPU, el conjunto de servicios postales, considerados como de interés general, cuya prestación garantiza el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios, cualquiera que sea su lugar de residencia, un principio básico y fundamental recogido por la Constitución.Unos servicios que son claramente deficitarios y nada atractivos para la iniciativa privada, ya que los 55 céntimos que abona un ciudadano por enviar una carta a cualquier rincón de España, por remoto e inaccesible que sea, son insuficientes para cubrir el coste.El cumplimiento de estas obligaciones no debería poner en riesgo la viabilidad económica de Correos como empresa, por ello, para garantizar la prestación delservicio sin perjuicio económico para Correos, la ley establecela financiación por parte del Estado de la diferencia con el coste real. Pero, a día de hoy,Correos está en números rojos por el brutal recorte a esa financiación de 180 millones de euros en los dos últimos años, y acumula un déficit de 230 millones de euros en los últimos tres años.

UGT ha denunciado reiteradamente que la situación de la empresa postal pública es en este momento insostenible, pero hemos chocado con la falta de diálogo por parte de los anteriores gobiernos y de Correos.Todo ello con una severa reducción de 15.000 trabajadores y trabajadoras en los últimos ocho años, en el marco de un Convenio Colectivo y un Acuerdo Funcionarial bloqueados desde hace cinco años, donde la plantilla ha sufrido recortes de salario, desregulación de las condiciones laborales y un inaceptable aumento de la precarización que alcanza el 35% de eventualidad y el 22% de contratación a tiempo parcial, con situaciones como la de empleados con contrataciones a los que se daba de baja los fines de semana o los días festivos, y se volvían a contratar después.

Desde UGT esperamos del nuevo gobierno queincorpore a Correos a su agenda de prioridades y dejemos de ser invisibles, pese a ser la mayor empresa del sector público, y revierta la inacción de la anterior legislatura, dedicada a desmantelar Correos con recortes presupuestarios, de personal y de infraestructuras. Que después de siete años de aplicación de la Ley de Correos que obliga a la ejecución de un Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, éste se haga efectivo para asegurar la extensión y la financiación del SPU (que los sindicatos ciframos en 230 millones anuales), y así mantener la viabilidad de la empresa postal pública y mantener a los más de 50.000 trabajadores.

Para UGT es necesario aprobar un nuevo Plan Estratégico, que sitúe a Correos entre los operadores postales europeos que lideran el cambio de modelo postal hacia una integración de servicios postales, logísticos, financieros y tecnológicos. Se debe apostar por la diversificación,la creación de un Banco Postaly la innovación para afrontar los cambios, y convertir Correos en un referente en nuestro país y también en el ámbito internacional. Y sobre todo es necesario que el Gobierno siga la estela de otros gobiernos europeos que apoyan a sus Correos como proyecto de país.

Federico Bernabé Cerqueira
Secretario de AGE y Postal

Como todos los años desde 1994, los docentes tenemos un día especial marcado en nuestro calendario: el Día Mundial de los Docentes. Este año se cumplirá el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en la que se reconoce que la educación es un derecho fundamental clave y se consagra el derecho a la educación gratuita y obligatoria, mediante un acceso inclusivo y equitativo para todos los niños.

El lema de este año, “El derecho a la educación implica el derecho a docentes cualificados”, se eligió para recordar a la comunidad mundial que el derecho a docentes preparados y cualificados es una condición indispensable para realizar el derecho a la educación. En nuestros días la escasez de docentes sigue siendo un desafío a escala mundial. El número de niños y jóvenes sin escolarizar en el planeta se estima en 264 millones. Si se quieren alcanzar los objetivos de la Educación 2030 relativos a la educación primaria y secundaria universal, el mundo debe contratar a casi 69 millones de docentes nuevos. Ese “déficit de docentes” es más pronunciado entre las poblaciones vulnerables, como las niñas, los niños con discapacidad, los niños refugiados y migrantes o los niños necesitados que viven en zonas rurales o alejadas.

Por ello, desde UGT creemos necesario además de la creación de nuevos puestos de trabajo en la enseñanza, su estabilización. En este sentido, se han firmado dos Acuerdos estatales en los años 2017 y 2018 de gran importancia, con el objeto de dar cumplimiento a las instrucciones de la Directiva Europea, esto es, no rebasar el 8% de personal interino. Estas ofertas de empleo conjugarán las extraordinarias de estabilización y las de tasa de reposición, suponiendo en Andalucía unas 12.603 plazas tan sólo de estabilización, lo que es un gran avance después de llegar a tasas de casi cerca de un 23% de interinidad en los años de crisis económica.

De esta manera, también es necesario -al hilo del lema de este año- más formación y una mejor cualificación. En muchísimas ocasiones, no encontramos la formación adecuada para afrontar los retos a los que debemos enfrentarnos en nuestro día a día, y nos reinventamos constantemente con nuestros propios recursos para poder dar respuestas al sistema educativo cambiante al que pertenecemos.

Desde UGT, siempre hemos abanderado la creación del Estatuto Docente, pero no a cualquier precio. Un Estatuto que sea capaz de motivar e ilusionar a los docentes, en el que se recojan medidas que dignifiquen la profesión y permitan una promoción profesional real.

Para nosotros, el Estatuto Docente, debe girar en torno a tres ideas fundamentales:

1. Ingreso en la función pública, con una revisión de la formación inicial y continua y con una revalorización de los periodos dedicados a la práctica docente.
2. Promoción profesional por dos tipos de vías. La promoción vertical basada en el concurso de méritos, permitiendo la movilidad entre los distintos cuerpos docentes, siempre que se posea los requisitos de titulación adecuada y la experiencia. La horizontal, organizada en tramos o grados. Esta promoción ha de reconocer, económica y profesionalmente, la labor docente, sin necesidad de cambiar de nivel educativo y ha de estar basada en la acreditación de trabajos relacionados con el proyecto educativo del centro. Esto daría la posibilidad de acortar el número de años necesarios para que los docentes pudieran culminar su promoción profesional.
3. Jubilación anticipada voluntaria e indefinida, independiente del Régimen al que se pertenezca.Las especiales circunstancias de la labor docente, la formación continua, los constantes cambios y las nuevas exigencias que nos plantea el sistema y la sociedad, hacen imprescindible el acceso a una jubilación temprana para dejar paso al rejuvenecimiento de las plantillas y a la creación de empleo.

Llevamos más de 30 años reivindicando un Estatuto para la Función Pública Docente que ha ido quedando en el olvido, Gobierno tras Gobierno, de manera similar al Pacto Educativo. Nos sorprende como uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar es olvidado, año tras año, y como nosotros, docentes camaleónicos, debemos adaptarnos a cualquier medio sin los instrumentos ni los recursos necesarios. Desde UGT creemos firmemente necesaria una financiación suficiente y un reparto equitativo de los recursos, por ello exigimos que el 7% del PIB debe ir destinado a educación, sin una inversión real no podemos hablar de una educación de calidad.

Por otro lado, nos alarma ver como en estos últimos años se ha ido incrementando el alumnado con necesidades educativas especiales, y como no podemos dar una respuesta real a estas necesidades, ya que no disponemos de los recursos adecuados para atenderlos, por ello, desde UGT estamos exigiendo más profesionales para atender estas necesidades básicas y de primer orden, junto con más apoyos y refuerzos educativos.

Finalmente, desde UGT hemos visto como, ley tras ley educativa, la escuela ha ido volviéndose cada vez más burocrática; en consecuencia cada vez tenemos menos tiempo para la preparación de clases, para adaptar las programaciones didácticas al contexto, para la atención a la diversidad y al proceso de aprendizaje del alumnado para hacer una evaluación continua real, o para la creación y desarrollo de nuevos proyectos…cargas que no sabemos de forma clara y definida si en realidad tienen una utilidad que repercuta directamente en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Por ello, reclamamos más horas para la docencia y la investigación que son totalmente necesarias, así como una formación pedagógica y de calidad en horario lectivo, ya que “los docentes formados y cualificados son esenciales para el derecho a la educación”.

Aurora Ramírez Martínez Secretaria del Sector de Enseñanza FeSP-UGT Córdoba