Situación del empleo en la Administración General del Estado

Según datos del Instituto Nacional de Estadística los puestos de trabajo de las Administraciones Públicas están por debajo de los niveles del año 2008. Desde que gobierna el PP el sector público ha perdido más de 280.000 empleos. Con la crisis, la plantilla de funcionarios, laborales y personal estatutario de la Administración Central perdió unos 40.000 empleados de los 240.000 que tenía en 2008. Entre 2008 y 2010, no se cubrieron todas las vacantes. De 2010 a 2012, se paró la oferta de empleo. Y a partir de 2012, se fue subiendo poco a poco la tasa de reemplazo de las vacantes hasta alcanzar el 100% en servicios públicos prioritarios, aunque en algunos departamentos todavía no se cubren todas las jubilaciones.

Al amparo de la exigencia de control del déficit público impuesto por la Unión Europea, se han tomado medidas alejadas de cualquier estrategia de desarrollo económico fundamentada en la creación de empleo de calidad y de salarios dignos. Todo lo contrario, el Partido en el Gobierno ha propiciado el hundimiento de las condiciones laborales de los trabajadores públicos: reducción severa del poder adquisitivo mediante congelaciones salariales o mordiscos y supresión de las pagas extraordinarias, incremento de las jornadas laborales, reposición de puestos de trabajo fijos por interinos o temporales para precarizarlos y reducir su peso salarial y, sobre todo, un descenso acusado tanto en la cantidad de empleo público como de la calidad del mismo. Tanto es así que, según la OCDE, España ocupa los puestos más bajos de Europa en cuanto a tasas de empleo público sobre población activa con un 12,7%, superado por países de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Italia o Francia..

La Unión Europea ha advertido a nuestro país sobre la excesiva temporalidad en contratos para cubrir plazas que deberían ser fijas y la vulneración de los derechos de los trabajadores interinos ha provocado el pronunciamiento del TJUE mediante sentencia.

El Estado del Bienestar le debe una buena parte al trabajo de los empleados públicos, y estas medidas se encuadran en la estrategia de deterioro de la calidad de los servicios que se dan a los ciudadanos. Educación, Sanidad, Justicia, Seguridad, son servicios que hacen fuerte a un estado y a este Gobierno parece que eso no le interesa.  El desmantelamiento de los servicios públicos es fundamental para fortalecer a la iniciativa privada, la de los amiguetes, la que espera hacerse con un negocio milmillonario. Las evidencias hablan, privatización de los registros para abrir boca, deterioro y hundimiento premeditado y sistemático de la Sanidad y la Educación, todo para justificar los reiterados intentos de privatización de servicios de ambas,  la financiación pública de la educación privada, los costes inasumibles de las tasas universitarias o el material escolar.

Pero estos males son algo superficial, los inductores y responsables de esta estrategia no pueden admitir que la burocracia sea neutral y con una cualificación técnicamente superior, temen que el ejercicio de su poder se vea limitado por quienes deben velar por la aplicación de la Ley y el Derecho, pero al mismo tiempo  no pueden prescindir de ellos si quieren alcanzar los objetivos políticos marcados. Este mar de fondo nos arrastra en una transición del sistema tradicional de función y ejercicio públicos, con un régimen especial de vinculación de sus miembros, a un régimen de empleo público, con simples trabajadores por cuenta ajena con una mayor vinculación al poder político que gestiona la Administración que los nombra.

Uno de los puntos clave de esta estrategia es que los principios de mérito y capacidad en los nuevos procesos de selección pasan a segundo plano, primando para la promoción profesional, el criterio de “idoneidad” evitando así la aplicación de los anteriores. Con la entrada en vigor del EBEP, puestos desempeñados por funcionarios públicos, como determinados puestos de carácter técnico, se están ocupando a través de “contratados laborales fuera de convenio”, ya aceptados en los últimos convenios colectivos aprobados.

En este escenario y en un giro de los acontecimientos se produce la oferta de Empleo Público (OEP) para 2017 de alrededor de 67.000 plazas, 4.000 de ellas nuevas, un adelanto de la histórica macroconvocatoria de oposiciones de más de 250.000 plazas en tres años, a las que habría que añadir otras 100.000, en cálculos orientativos, por los funcionarios que se jubilen en los próximos tres años. Hay que resaltar que se incluye el proceso de conversión escalonada de hasta 250.000 interinos a fijos encaminado a reducir la interinidad/temporalidad en las administraciones, reduciendo la tasa del 23%-25% actual al 8% en 2019. El propio Ministerio de Hacienda señala que hay que tener en cuenta que se parte de una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración, y que ese elevado número de interinos afecta principalmente a los sectores de Enseñanza y Justicia. Las tasas oscilan entre el 30% de la sanidad, el 25% de Justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria.

El acontecimiento ha sido presentado por el ministro Cristóbal Montoro como un acuerdo «muy positivo» y «razonable», «fruto de la negociación con los representantes de las centrales sindicales», con agradecimiento a la posición de las mismas durante la negociación, ya que su respuesta ha sido “extraordinaria». La oferta se configura como un preámbulo a la consecución de «mayores ventajas» para los empleados públicos, y una mejora de los servicios públicos si se aprovecha la situación económica, respetando, eso sí, los objetivos de reducción de déficit público. El ministro ha remarcado que tanto la cantidad de plazas como la calidad de la OEP “aspira a dar estabilidad al puesto de trabajo» reduciendo la interinidad, «tenemos que apostar por la Función Pública, hacerla atractiva», y ha destacado que, además de rejuvenecer las plantillas, se dará a personal más cualificado, puesto que se incrementan las plazas que requieren una mayor especialización.

En una segunda parte, Montoro ha apuntado que a partir de la «buena disposición de las partes seguiremos progresando en diálogo y llevaremos adelante en la negociación, entre otras, la mejora de las retribuciones a partir de 2018», «El Gobierno está en ese empeño, para conseguirlo es necesario encontrar interlocutores con la misma predisposición al acuerdo». Según el ministro este paso «Supone dejar atrás el pasado», agradeciendo a los funcionarios los sacrificios y esfuerzos realizados hasta ahora.

Aun siendo la mayor oferta de empleo público en la Administración General del Estado (AGE) de la última década, aunque la AGE recupera efectivos y crea empleo neto en estos diez años, muchos servicios públicos están entrando en una situación de colapso. Según declaraciones de nuestro secretario del sector de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, «Es el inicio para paliar lo que ha ocurrido».

 

Federico Bernabé Cerqueira

Secretario de Administración General del Estado y Postal

FeSP-UGT Córdoba

 

Marcar el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *